A días de una nueva marcha en reclamo de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno analiza apelar tanto la multa diaria que la Justicia le impuso como el fallo que ordenó aplicar la norma. El Ejecutivo sostiene que ya realizó aumentos salariales significativos para el sector y que no puede asumir mayores erogaciones sin afectar el equilibrio fiscal.
El juez federal Martín Cormick fijó recientemente en $100.000 diarios los "astreintes" contra el jefe de Gabinete Diego Santilli, por no actualizar los salarios docentes y no docentes ni garantizar el fondo de becas previsto en la iniciativa aprobada por el Congreso en 2025. Esta resolución respondió a un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había advertido que el Estado continuaba sin cumplir la cautelar confirmada por la Corte Suprema el 25 de junio pasado. El Poder Ejecutivo había pedido que la apelación tuviera efecto suspensivo, algo que el magistrado rechazó.
Desde octubre, la administración libertaria remarca que desde diciembre de 2023 otorgó aumentos que, sumados a la suba del 21,33% dispuesta en junio de este año, llevaron el incremento acumulado al 226,80%. En paralelo, analizan apelar también la sentencia de primera instancia que declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025, con la que el Poder Ejecutivo había condicionado la implementación de la ley a que el Congreso definiera las partidas presupuestarias correspondientes.
En el ámbito universitario celebraron la sanción económica contra Santilli y confiaron en que puede ser una decisión "que ayude a que las autoridades nacionales recapaciten". Franco Bartolacci, presidente del CIN, destacó que la medida del juez es "muy importante como inicio y antecedente en el proceso judicial que sigue su curso". Señaló además que lo relevante no es solo que se haya fijado multa diaria, sino que lo haya hecho responsabilizando a una autoridad competente específica.
El vocero presidencial Adrián Ravier amplió la postura oficial, remarcando que el Ejecutivo "respeta la libertad de expresión, pero pide que sea pacífica". Defendió la gestión de la ministra de Educación Pettovello y detalló los aumentos otorgados, señalando que "este Gobierno ha hecho esfuerzos enormes por mejorar los salarios de los docentes". Ravier también fue categórico respecto del límite fiscal, ratificando que la administración nacional "no va a emitir, ni a tomar deuda y se maneja con lo que se recauda de impuestos".
Las universidades mantienen firme su posición a pesar de reconocer la importancia de la sentencia. Representantes de casas de estudio expresaron sorpresa por la situación, considerándola un "papelón institucional". Advirtieron que el juez Cormick "deja claro que puede ampliar el monto y la cantidad de funcionarios" alcanzados, por lo que consideraron que "más de uno se va a preocupar" en el Gobierno.
