La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, conocida como "Ley Hojarasca", impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El proyecto obtuvo 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones, eliminando 58 leyes, modificando artículos de otras ocho y derogando dos decretos considerados "inútiles, anacrónicos o contrarios a las libertades individuales".
La sesión transcurrió en un clima de alta tensión política. El oficialismo logró el quórum necesario de 129 diputados presentes y bloqueó un intento paralelo de la oposición de convocar a una sesión para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además de la Ley Hojarasca, se debatió la reforma del régimen de subsidios al gas en Zonas Frías, la aprobación de tratados internacionales y la entrega de medallas a veteranos de la Guerra de Malvinas.
La Ley Hojarasca agrupa las normas a eliminar en seis categorías: leyes superadas por normativas posteriores, obsoletas por avances tecnológicos, que afectan libertades individuales, que generan burocracia innecesaria, que refieren a organismos disueltos y organismos sin actividad real. Entre las normas derogadas figuran la ley de azotes del siglo XIX, la ley de microfilmación y regulaciones sobre laboratorios públicos que nunca crearon nuevos establecimientos. El secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, explicó que el proyecto busca "reducir conflictos y confusión normativa" mediante la sustitución de marcos jurídicos antiguos.
El texto incorporó modificaciones respecto al proyecto original. A pedido de distintos sectores, el oficialismo excluyó la Ley 11.380 vinculada a préstamos del Banco de la Nación Argentina para cooperativas, preservó la Ley 20.959 que otorga credencial de libre circulación a legisladores, y mantuvo el financiamiento público del Círculo de Legisladores. El dictamen de mayoría fue firmado por bloques de La Libertad Avanza, PRO, UCR e Innovación Federal, enfrentando la oposición de Unión por la Patria y el interbloque Unidos.
Desde el oficialismo, el diputado Alberto Benegas Lynch defendió el proyecto afirmando: "Venimos a sacar al argentino de bien de este laberinto regulatorio". La oposición criticó duramente la iniciativa. El diputado Diego Giuliano cuestionó que derogue leyes "ya muertas, inaplicadas por décadas", mientras que Myriam Bregman rechazó el argumento de que se trata de una ley "inocua". El proyecto, presentado originalmente en 2024, perdió estado parlamentario y fue reenviado por el Ejecutivo el 26 de marzo de 2026, logrando finalmente su aprobación tras semanas de controversia política.
