El Gobierno enfrenta serios obstáculos para avanzar con su proyecto de reforma electoral. Aunque el oficialismo ya obtuvo el dictamen de propiedad privada, las negociaciones se encuentran prácticamente paralizadas debido a las tensiones internas y la falta de apoyo de los socios parlamentarios. El proyecto fue enviado al Senado el 22 de abril, pero casi un mes después apenas ha recibido tratamiento en comisión, limitándose a una única reunión informativa de carácter técnico.
Los principales puntos de fricción son dos: la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la incorporación de Ficha Limpia como parte del proyecto en lugar de tratarse como una ley separada. Estos aspectos generan rechazo en los bloques dialoguistas del PRO y la UCR, quienes ya adelantaron que no acompañarán la iniciativa en su forma actual. Patricia Bullrich, jefa del bloque del PRO, intentó abrir el debate buscando negociar modificaciones, pero la Casa Rosada respondió de manera tajante: el proyecto es el que se envió, sin alternativas.
Sin embargo, Bullrich no se rinde fácilmente. Según trascendió, ha mantenido conversaciones con la oposición en busca de una salida que podría consistir en "desguazar" la ley, separando Ficha Limpia del proyecto pero con la condición de que ambas iniciativas se dictaminen y vayan al recinto el mismo día. Respecto a las PASO, aún se debate su eliminación o permanencia en el texto.
La llegada de nuevas iniciativas legislativas como la Ley Hojarasca y la ley que modifica Zona Fría complica aún más el panorama negociador. A esto se suma que los gobernadores comenzarán a introducir sus propios intereses en las negociaciones, generando múltiples cartas negociadoras que no siempre coinciden con las posiciones partidarias, lo que podría tanto facilitar como entorpecer los acuerdos.
El proyecto de reforma política contiene ocho modificaciones al sistema electoral: eliminar las PASO, incorporar Ficha Limpia, cambios en la Boleta Única de Papel, reducción del financiamiento público a partidos (ampliando aportes privados hasta 35%), eliminación de espacios gratuitos en medios para publicidad electoral, supresión del debate presidencial obligatorio, fin de las elecciones directas del Parlasur y nuevas exigencias para obtener personería jurídica. Para convertirse en ley, necesita mayoría absoluta: al menos 37 votos en el Senado y 129 en Diputados, un umbral que el oficialismo aún está lejos de garantizar.
