En la madrugada de este miércoles, la Procuración del Tesoro de la Nación, bajo la dirección de Sebastián Amerio, presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando la suspensión de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta acción llega después de que la norma fuera ratificada en dos ocasiones por el Congreso Nacional, tanto en su sanción original como en la posterior votación que revirtió el veto presidencial del presidente Javier Milei.
Desde la cartera de Hacienda argumentan que la ley "se encuentra en estado de imposible aplicación porque no prevé una fuente de financiamiento específica". Los funcionarios sostienen que una ley no puede ser simplemente una expresión de deseos, sino que requiere una formulación responsable y viable desde el punto de vista presupuestario. Subrayan que en ningún momento se definió de dónde extraer los recursos necesarios para su implementación.
Si todas las instancias judiciales se agotan sin que la Corte Suprema logre tomar el caso, el Poder Ejecutivo se vería obligado a transferir a las Universidades Nacionales un total de 2,5 billones de pesos. Esta cifra representa una presión fiscal que el Gobierno considera insostenible en el contexto actual de ajuste presupuestario.
El Ejecutivo señala que quienes impulsaron la ley tuvieron la oportunidad de especificar las fuentes de financiamiento durante el tratamiento del Presupuesto 2026, pero no lo hicieron. Frente a este escenario y al agotamiento de los plazos legales, el Gobierno decidió presentar el recurso extraordinario como una medida para ganar tiempo mientras se define la forma de financiamiento de la norma.
