La derrota legislativa del 5 de agosto de 2026 en torno a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ha generado una alerta dentro de la Casa Rosada. El oficialismo se vio obligado a retirar el capítulo que autorizaba la venta de terrenos a extranjeros después de que varios gobernadores aliados cambiaran de posición y cedieran ante la presión política. Este giro inesperado ha dejado una lectura clara en los despachos gubernamentales: la capacidad de negociación del Gobierno se ha visto comprometida.
Según análisis internos realizados en la Casa Rosada durante agosto de 2026, el colapso de las negociaciones fue abrupto. "La negociación se cayó como un castillo de naipes. Se salió uno y se cayeron todos", expresó uno de los principales operadores políticos del Gobierno a Infobea. Gobernadores que inicialmente habían brindado su apoyo terminaron retirándolo, priorizando evitar el costo político de respaldar una medida que generaba rechazo público. Este cambio de rumbo fue particularmente significativo porque muchos de estos mandatarios provinciales estaban genuinamente a favor del proyecto.
Los gobernadores que se manifestaron públicamente contra el capítulo de tierras incluyeron a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones). Cada uno instruyó a sus senadores a rechazar la iniciativa. En Misiones, Passalacqua publicó en redes sociales que "lo que amamos no se vende", marcando una postura defensiva sobre los recursos provinciales. Senadores como Carlos Arce, Flavia Royón y otros radicales como Flavio Fama, Daniel Kroneberger y Maximiliano Abad también anunciaron su voto negativo, aislando políticamente al oficialismo.
Desde los despachos gubernamentales se sostiene que este episodio constituye un caso excepcional signado por errores políticos de varias alas del oficialismo. "Es cuestión de que se produzca un episodio más de este estilo para que nos empecemos a preocupar", señalan funcionarios. Sin embargo, reconocen que la derrota debilita la posición del Gobierno como negociador frente a futuras iniciativas legislativas. Este debilitamiento cobra particular relevancia en el contexto del escenario electoral que se aproxima, donde los gobernadores tendrán mayores incentivos para condicionar su apoyo a reformas complejas.
El Gobierno aspira a impulsar entre tres y cuatro reformas importantes durante 2026, incluyendo modificaciones al Banco Central (BCRA) y la Ley de Inocencia Fiscal. También existe preocupación sobre la capacidad de avanzar con la Reforma Política y la suspensión de las PASO. Los operadores políticos advierten que si se consolida la percepción de debilidad gubernamental, los gobernadores utilizarán esa posición para negociar desde una mayor fortaleza en futuras votaciones.
