Este miércoles 8 de abril, activistas, organizaciones ambientales y ciudadanía se concentrarán frente al Congreso de la Nación para rechazar la reforma de la Ley de Glaciares. La convocatoria está prevista para las 17 horas en la Plazoleta del Quijote, en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, bajo el lema "La Ley de Glaciares no se toca". Desde allí partirá una marcha que busca expresar la preocupación por los impactos que la modificación de esta normativa tendría sobre el acceso al agua dulce en Argentina.
La jornada incluirá una marcha con antorchas, un acto central y un festival artístico que se extenderá hasta la medianoche. Los organizadores advierten que los cambios propuestos ponen en peligro a 7 millones de personas y a 36 cuencas hídricas vitales para distintas regiones del país. La sesión legislativa será transmitida en vivo en la plaza, donde los manifestantes permanecerán mientras dure el debate en la Cámara de Diputados, que según informes ya cuenta con los votos necesarios para aprobar la reforma.
La movilización ha sido respaldada por dirigentes políticos y referentes del ambientalismo. Organizaciones como Greenpeace ya han escalado el monumento a los Dos Congresos para desplegar carteles con mensajes de protesta, acciones que resultaron en desalojos y actas contravencionales, aunque los activistas fueron liberados horas después. El reclamo se centra en la preservación de los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce, consideradas "un derecho básico y fundamental amparado por la Constitución Nacional".
Las organizaciones ambientalistas sostienen que la reforma representa una amenaza directa para la disponibilidad de agua potable, al permitir actividades extractivas en zonas actualmente protegidas por la Ley 26.639, vigente desde 2010. Según los convocantes, la modificación implicaría "abrir la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege", comprometiendo el acceso al agua de millones de argentinos y permitiendo que "Argentina sea el patio trasero del extractivismo global".
El debate enfrenta a sectores que promueven la expansión de la actividad minera bajo argumentos de inversión y desarrollo económico, con organizaciones que consideran que la protección de los glaciares es indispensable para garantizar la vida presente y futura. La tensión se intensifica mientras crece el clima de confrontación entre quienes defienden los recursos naturales y quienes impulsan la flexibilización normativa para nuevas explotaciones.
