La próxima semana se realizará la audiencia pública para debatir la ley de glaciares, un evento que ya genera controversia por el formato establecido por el oficialismo. Con más de 65.000 inscriptos, las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales debieron definir un sistema que limita las exposiciones presenciales y virtuales, generando disputas tanto judiciales como políticas.
El titular de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, comunicó que los días 25 y 26 de marzo solo habrá 200 espacios para exponer en vivo —distribuidos entre provincias por orden de inscripción—, mientras que el resto de los participantes deberá enviar videos de máximo cinco minutos a través de una plataforma digital. Esta decisión ya provocó presentaciones judiciales de organizaciones ambientalistas como Greenpeace Argentina, FARN y otras entidades, que solicitan una medida cautelar para garantizar la participación oral de todos los inscriptos en igualdad de condiciones.
Las organizaciones que presentaron el amparo argumentan que el formato propuesto viola los estándares de participación pública establecidos en el Acuerdo de Escazú, y piden la ampliación de jornadas y la designación de veedores judiciales. Sin embargo, expertos consultados consideran poco probable que la justicia frene el proceso, dado que el gobierno ya tiene un cronograma definido para avanzar con la norma.
Además de la batalla judicial, la oposición en las comisiones también cuestiona el procedimiento. Mayoraz no solo limitó los espacios para expositores, sino que también restringió el acceso de diputados que no integren las comisiones citadas y estableció cupos para asesores legislativos. Esta decisión coarta la participación democrática de legisladores que tienen derecho a participar en todas las comisiones.
El oficialismo apura el proceso porque planea dictaminar la norma la semana siguiente a la audiencia e ir al recinto en los primeros días de abril para buscar su aprobación. Según explican diputados libertarios, el cambio normativo es necesario para habilitar proyectos de inversión que esperan entrar al RIGI, considerados clave para el país. La audiencia pública de los próximos días 25 y 26 de marzo será un punto de inflexión en este conflictivo debate legislativo.
