La Provincia de Buenos Aires avanzó significativamente en su batalla judicial contra el Gobierno nacional por los fondos de la ANSES. La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia con representantes de ambas partes, un gesto que el gobierno de Axel Kicillof interpreta como una señal positiva en su reclamo por la deuda previsional que supera los $2,2 billones.
El equipo legal provincial, liderado por el Fiscal de Estado Hernán Gómez, la presidenta del Instituto de Previsión Social Marina Moretti, el ministro de Economía Pablo López y el Asesor General Santiago Pérez Teruel, presentó ante los jueces del máximo tribunal argumentos sólidos sobre el peso de la deuda previsional. La próxima audiencia está fijada para el 21 de abril, fecha que se perfila como crucial para definir el futuro del conflicto. López expresó la esperanza provincial: "Esperemos que lleguemos al 21 de abril con un reconocimiento de la deuda y un compromiso de solución para este problema".
Lo que distingue este caso es que la Corte Suprema le otorgó un trato preferente respecto a otros reclamos bonaerenses. El tribunal consideró que "la magnitud y especificidad del reclamo previsional ameritan un tratamiento diferenciado y urgente frente a otras demandas por fondos nacionales". Buenos Aires tiene siete demandas pendientes contra el Gobierno nacional, pero solo esta recibió la convocatoria a audiencia, lo que refleja la importancia del asunto jubilatorio.
El conflicto se originó con el Decreto 280/2024, que derogó artículos de la Ley 27.701 que garantizaban transferencias regulares a las cajas previsionales provinciales. La provincia busca revertir el recorte y restablecer el mecanismo de transferencia automática, mientras que el Gobierno nacional argumenta que la medida responde a la necesidad de ordenar las cuentas públicas. El gobernador Kicillof enfatizó la relevancia del tema al aplaudir públicamente la apertura de la instancia judicial en la Corte Suprema.
La expectativa bonaerense crece con la proximidad del 21 de abril. El gobierno provincial considera que presentó argumentos sólidos y que el Gobierno nacional se comprometió a trabajar en el caso. Más allá de Buenos Aires, otras administraciones provinciales siguen atentamente esta disputa, que podría marcar un precedente importante en las relaciones entre las provincias y el Estado nacional respecto al financiamiento de los sistemas previsionales.
