La Ciudad de Buenos Aires implementó nuevas y severas medidas para combatir el fraude en los carteles de reserva de estacionamiento para personas con discapacidad. A partir de ahora, quienes falsifiquen, adulteren o utilicen de manera irregular estos permisos enfrentarán no solo multas económicas, sino también la suspensión preventiva de su licencia de conducir y posibles denuncias penales, en el marco de las políticas de ordenamiento del espacio público impulsadas por el jefe de Gobierno, Jorge Macri.
Durante lo que va del año, los operativos realizados permitieron remover más de 400 carteles que ocupaban de manera irregular espacios reservados para personas con discapacidad. En estos controles se detectaron permisos falsificados, documentos vencidos e incluso autorizaciones cuyos titulares habían fallecido. "Se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos. Les vamos a suspender la licencia de conducir, van a pagar una multa y todos los costos del operativo. Si falsificaron el cartel de la reserva para discapacitados, les vamos a hacer una denuncia penal", expresó Macri.
Las sanciones económicas fueron considerablemente endurecidas. Quienes exhiban certificados o credenciales de discapacidad inexistentes o antirreglamentarios podrán recibir multas de hasta 200 mil pesos, mientras que aquellos que instalen señales sin autorización o modifiquen la señalización vial enfrentarán multas de hasta 100 mil pesos. Además, los responsables deberán afrontar los costos totales de remoción de los carteles y restauración del mobiliario urbano afectado. La Secretaría de Tránsito intensificará las inspecciones y retirará de inmediato toda señalización irregular detectada.
En los casos donde exista presunta falsificación o adulteración, se dará intervención al Ministerio Público Fiscal para que investigue la posible comisión de un delito. Los involucrados tendrán la posibilidad de presentar un descargo para justificar su situación antes de que se inicie una causa penal. El Gobierno porteño remarcó que estas prácticas perjudican directamente a las personas con discapacidad que necesitan utilizar los espacios reservados y constituyen una apropiación indebida del espacio público.
Como parte de las nuevas medidas, el Ejecutivo enviará a la Legislatura un proyecto para incorporar esta conducta al Código Contravencional. Asimismo, se otorgó un plazo de 20 días corridos para que quienes tengan permisos vencidos, datos desactualizados o situaciones irregulares puedan regularizarlas voluntariamente a través de los canales oficiales de la Ciudad de Buenos Aires.
