La Corte Suprema admitió la demanda bonaerense por subsidios al transporte y dio 60 días a la Nación para responder por la eliminación del FCI.
La Provincia de Buenos Aires demanda al Estado Nacional por la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País (FCI). El conflicto comenzó en febrero de 2024, cuando el Gobierno de Javier Milei anunció que dejaría sin efecto esos aportes. Días después, el artículo 18 del decreto de necesidad y urgencia 280/2024 formalizó la medida. La provincia pide que se declare inconstitucional ese artículo y que el Gobierno se abstenga de dictar normas que contradigan esa ley.
El FCI fue creado por el artículo 125 de la ley 27.467 para sostener subsidios al transporte de pasajeros en las ciudades del interior. Según la demanda, el mecanismo seguía vigente cuando se eliminó: la ley 27.701 lo prorrogó para 2023, el decreto 88/23 extendió su vigencia para 2024 y la resolución 86/23 del Ministerio de Transporte fijó la distribución de recursos para los primeros cuatro meses de 2023. La provincia también sostiene que existían convenios con la Nación que confirmaban la continuidad del beneficio.
La provincia afirma que no recibió transferencias durante 2024 y reclama los fondos correspondientes a 2023 y al primer trimestre de ese año, con intereses. Además, denuncia la violación del principio de legalidad, de la división de poderes y de la lealtad federal. Según el planteo bonaerense, la supresión del fondo derivó en aumentos de tarifas para los usuarios del transporte urbano y suburbano de los municipios que recibían compensaciones. La Corte analizará si corresponde ordenar el pago inmediato de esas sumas una vez que la Nación conteste la demanda o venza el plazo fijado.
El tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se declaró competente de forma originaria y ordenó notificar el traslado al Ministerio de Economía. La procuradora fiscal había emitido un dictamen favorable el 14 de mayo de 2024. En la misma resolución, la Corte también se declaró competente en los reclamos de La Rioja y La Pampa, que plantean cuestiones similares sobre el financiamiento del transporte.
En el caso de La Rioja, la provincia deberá presentar un nuevo escrito inicial en 10 días para que el conflicto continúe por la vía de un juicio ordinario. El tribunal consideró que las controversias eran sustancialmente análogas y no desarrolló fundamentos propios para el caso riojano. La demanda de La Pampa seguirá el mismo recorrido procesal que la causa bonaerense, con un juicio ordinario que admite plazos y pruebas más amplios que un amparo. Los datos de esta nota corresponden a las presentaciones y al año 2024, y el expediente continúa su trámite.
