La Inspección General de Justicia (IGJ), organismo de control societario nacional, solicitó formalmente al Ministerio de Justicia la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presidida por Claudio "Chiqui" Tapia. La medida responde a la falta de entrega de información contable y financiera que fue requerida por el organismo. La resolución fue firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo y notificada formalmente a la AFA.
La veeduría se enfocará en tres áreas principales: el análisis de los estados contables al 30 de junio de 2025, la auditoría integral de la Universidad de la AFA (UNAFA) en proceso de creación, y la revisión detallada de las relaciones comerciales y financieras con empresas vinculadas a la comercialización de derechos. Los veedores tendrán facultades amplias para obtener documentación, verificar cumplimiento normativo y detectar posibles violaciones del estatuto o reglamentos de la entidad.
Uno de los puntos críticos de la investigación es el análisis de las operaciones con TourProdEnter LLC, los empresarios Javier Faroni y Erica Gillette, así como el Grupo Sur Finanzas liderado por Ariel Vallejo. Los veedores deberán auditar los montos percibidos por comercialización de derechos, rendiciones de cuentas, remesas internacionales y flujos de fondos, reconstruyendo completamente la arquitectura financiera de estos contratos que representan una de las principales fuentes de ingresos de la AFA.
Vítolo aclaró que la veeduría "no implica sanción ni prejuzgamiento alguno" y forma parte del ejercicio regular de fiscalización previsto por ley. Sin embargo, la medida se inscribe en un contexto de tensión: la IGJ rechazó recientemente un intento de la AFA de trasladar su domicilio a la provincia de Buenos Aires, detectando irregularidades en la documentación. La AFA mantiene su sede en Viamonte 1366, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo jurisdicción de la IGJ.
El proyecto UNAFA será auditado en todos sus aspectos: adquisición de inmuebles, equipamiento, contratación de autoridades y convenios con terceros, verificando que todas las decisiones cumplan con el estatuto y normativas aplicables a asociaciones civiles. La designación de veedores queda ahora en manos del Ministerio de Justicia, y si se concreta, iniciará una etapa de inspección que podría extenderse varios meses con resultados que podrían derivar en nuevas medidas o sanciones si se detectan irregularidades.
