El Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) de San Martín resolvió declinar su competencia en el caso contra los colaboradores de Edgardo Kueider, remitiendo la causa a la Justicia Federal en lo Criminal de la Ciudad de Buenos Aires. Esta decisión representa una nueva dilación en el proceso judicial y beneficia a los acusados, quienes ganan tiempo adicional para enfrentar el juicio.
La resolución del tribunal, integrado por los jueces Javier Arzubi Calvo, Esteban Rodríguez Eggers y Juan Manuel Gaset Maisonave, se fundamentó en dos razones centrales. Primero, los hechos investigados se habrían cometido en Paraná, Concordia, CABA, Quilmes y Berazategui, es decir, ninguno en la jurisdicción de San Martín. Segundo, Buenos Aires constituiría el "núcleo de la organización" y el centro de operaciones desde donde se impartían las directivas que luego se ejecutaban en otras jurisdicciones.
Los acusados y los cargos
Los socios y colaboradores del ex senador entrerriano enfrentan cargos de lavado de activos, falsificación de balances y adulteración de documentos públicos, todos relacionados con maniobras para ocultar el incremento patrimonial de Kueider. A comienzos de 2026, el fiscal federal Fernando Domínguez y la jueza Sandra Arroyo Salgado elevaron esta parte de la investigación a juicio. Los acusados incluyen a Daniel González (alias "Gonzalito"), Javier Rubel, José Carlos Noguera, su esposa Gabriela Patricia Saint Pierre, Débora Ferreyra y Adriana Crucitta, además de cinco sociedades comerciales investigadas.
El ex legislador y su pareja, Iara Guinsel, permanecen detenidos en Paraguay desde octubre de 2026. Su extradición está pendiente hasta que termine de resolver sus asuntos con la Justicia paraguaya. Esta causa se originó como desprendimiento del caso "Securitas", que investiga presuntos pagos de coimas por parte de una empresa de seguridad privada a funcionarios públicos, incluyendo a Kueider en su rol como secretario General de la Gobernación entre 2015 y 2019.
El traslado a Comodoro Py se justifica en que las operaciones inmobiliarias se realizaron en Paraná, el "ardid" ante la AFIP en Quilmes, los movimientos de Betail SA se inscribieron en la Inspección General de Justicia de Buenos Aires, y la colocación de fondos se concretó a través de la sucursal Quilmes del Banco Supervielle. El tribunal concluyó que "el mayor número de pruebas se recabó en el ámbito capitalino", consolidando a Buenos Aires como la jurisdicción competente para continuar con el proceso judicial en octubre de 2026.
