El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, solicitó al Poder Ejecutivo que emita un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para habilitar a los fiscales nacionales a intervenir ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta medida responde al fallo "Levinas" de la Corte Suprema de julio de 2026, que establece al TSJ como órgano competente para entender en recursos extraordinarios presentados ante la justicia nacional ordinaria porteña. Casal expuso la situación ante la comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, argumentando que los fiscales nacionales no están habilitados para actuar ante tribunales de otra jurisdicción.
La urgencia de la medida se intensificó con la aprobación de la Reforma Laboral en 2026, cuyo artículo 90 ratifica el convenio de traspaso de competencias. Casal ya había solicitado en dos ocasiones a la Corte la suspensión de esa jurisprudencia, recibiendo negativas en ambos casos. Para ilustrar la gravedad de la situación, el procurador describió el caso de un fiscal que debió intervenir en un femicidio con una resolución liberatoria considerada arbitraria, enfrentándose a la disyuntiva de qué vía procesal utilizar ante la nueva jurisprudencia.
Actualmente, en 2026, los fiscales nacionales presentan recursos de inconstitucionalidad local como medida provisional. Sin embargo, Casal advirtió sobre los problemas futuros: "¿Qué sucede cuando no nos concedan un recurso y haya que meter una queja ante el TSJ?". El procurador enfatizó que esta solución es contingente hasta que se transfieran todas las competencias de justicia ordinaria, y reiteró que "los fiscales nacionales no estamos habilitados para intervenir en un tribunal local ni superior de cualquiera de las provincias".
En el segundo aspecto de su presentación ante los legisladores, Casal también alertó sobre la crítica situación presupuestaria del Ministerio Público Fiscal. Según datos de 2026, el presupuesto del organismo se redujo un 47% en los últimos dos años. Los funcionarios reconocieron haber efectuado "reiterados reclamos a través del Ministerio de Justicia", aunque destacaron cierta "buena disposición" de esa cartera para readecuar los recursos disponibles.
Casal reconoció que la situación presupuestaria "está difícil para todos", pero subrayó que son "necesarias" las contrataciones de herramientas tecnológicas y los alquileres de espacios para el trabajo del organismo en las distintas provincias. El procurador concluyó que "la cuestión se pone difícil y tratamos de administrar los recursos" disponibles, evidenciando los desafíos que enfrenta el Ministerio Público en 2026 tanto en materia jurisdiccional como presupuestaria.
