Una jueza de Buenos Aires ordenó suspender la aplicación del nuevo régimen penal juvenil por 60 días, decisión que generó un enfrentamiento entre el gobierno nacional y la administración provincial de Axel Kicillof. Mientras la provincia respalda el fallo judicial, la Casa Rosada, principal impulsora de la reforma, lanzó críticas severas contra la gestión bonaerense. El jefe de gabinete nacional, Diego Santilli, cuestionó duramente al ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, aprovechando para reflotar una vieja polémica.
Santilli criticó al funcionario bonaerense con un mensaje directo: "Señor Ministro de Inseguridad de la Provincia de Buenos Aires, ¿por qué no se sienta con el Gobernador y le pide que deje de comprar penes de madera? Mejor que invierta más en seguridad que el conurbano es tierra de nadie". La referencia alude a un episodio de 2021, cuando el Ministerio de Salud de la Nación licitó 10.000 penes de madera para talleres de Educación Sexual Integral (ESI). Aunque el objetivo era facilitar la enseñanza del uso de preservativos, la oposición cuestionó el costo y la oportunidad del gasto. Santilli, quien aspira a gobernar Buenos Aires en las elecciones de 2027, utilizó este argumento en el debate sobre la reforma penal juvenil.
La magistrada Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, justificó la suspensión argumentando que Buenos Aires carece de infraestructura y recursos para absorber el incremento de adolescentes en el sistema penal. En declaraciones radiales durante septiembre de 2026, Pascual aclaró que no se opone a la reforma normativa, sino a su implementación sin condiciones adecuadas: "Con esta ley no vamos a crear más seguridad". Según la jueza, faltan herramientas educativas, terapéuticas y de formación laboral en los centros de detención, transformando estos dispositivos en una "escuela de delito".
Alonso, por su parte, planteó durante el debate que es necesario reforzar la estructura judicial y penitenciaria para aplicar la reforma aprobada por el Congreso Nacional, alineándose con los argumentos de la magistrada. Esta posición lo enfrentó directamente con Santilli en un intercambio de mensajes en redes sociales que reflejó las tensiones políticas actuales en torno a la política de seguridad.
La asociación civil Usina de Justicia presentó una denuncia penal contra la magistrada por presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad, considerando que la suspensión de una ley nacional excede las atribuciones del tribunal. La entidad solicitó intervenir como amicus curiae en la causa para representar la perspectiva de las víctimas, intensificando así el debate jurídico y político sobre la implementación de la reforma penal juvenil en la provincia durante este período de 2026.
