Una investigación judicial reveló una compleja red de vínculos entre profesionales de la salud tras el desvío de anestésicos hospitalarios. El caso cobró dimensión pública con la muerte del anestesista Alejandro Zalazar y el descubrimiento de indicios sobre el uso de estas sustancias en ámbitos privados. Los investigadores buscan determinar cómo fármacos de uso restringido salieron del circuito hospitalario y llegaron a otros lugares, trazando un entramado de conexiones entre diversos actores.
La muerte de Zalazar, anestesiólogo que trabajaba en el Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, fue el punto de quiebre. El 20 de febrero fue encontrado sin vida en su departamento de Palermo, con elementos vinculados a la administración intravenosa de sustancias cerca de su cuerpo. La autopsia determinó que la causa del fallecimiento fue una sobredosis de propofol y fentanilo. En su vivienda se hallaron medicamentos anestésicos e instrumental médico que, tras análisis de trazabilidad, resultaron pertenecer al Hospital Italiano de Buenos Aires, institución donde Zalazar no trabajaba. Este hallazgo activó procedimientos internos que identificaron al médico Hernán Boveri y a la residente Delfina Lanusse como presuntos responsables del robo y distribución de drogas.
Boveri es un anestesiólogo con trayectoria en el Hospital Italiano, formado en la Universidad de Buenos Aires con Diploma de Honor. Fue coordinador de rotación de anestesia total intravenosa y secretario científico de TIVAmérica. Durante su indagatoria optó por no declarar. Lanusse, por su parte, era residente de tercer año en Anestesiología en el Hospital Italiano desde septiembre de 2023, formada en la Universidad Austral. En su indagatoria realizó un descargo verbal sin aportar elementos sustanciales. Un nexo clave en la investigación es Chantal Leclercq, residente de anestesiología en el Hospital Rivadavia, quien según su testimonio conecta ambas causas y aparece como intermediaria entre los distintos actores sin estar imputada.
La investigación sugiere un posible esquema sostenido en el tiempo, con un presunto "robo hormiga" de anestésicos que podría haberse extendido durante años. Se analiza la existencia de reuniones privadas en domicilios donde se administraban estos fármacos fuera de todo control médico, incluyendo hipótesis sobre experiencias denominadas "viajes controlados". Una testiga, médica residente de anestesiología en el Hospital Italiano, relató que Lanusse le contó sobre el consumo de propofol junto a Boveri, información que finalmente fue reportada a las autoridades tras meses de deliberación.
El expediente, radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº29 desde el 23 de febrero, aún no fue formalmente caratulado. Podría encuadrarse en la figura de hurto con pena máxima de dos años, o más probablemente en administración fraudulenta con penas de hasta seis años de prisión. Paralelamente, la muerte de Zalazar se investiga como averiguación de muerte dudosa. Los casos revelaron que medicamentos anestésicos de uso exclusivo hospitalario fueron sustraídos y utilizados fuera del ámbito asistencial, destapando prácticas que se desarrollaban sin controles adecuados.
En paralelo, el caso se expandió con la detención de una anestesista del Hospital Bernardo Houssay en Vicente López, acusada de robar medicamentos controlados. El 12 de febrero se detectaron faltantes en la farmacia, y la profesional se presentó con una receta apócrifa logrando retirar dos frascos de fentanilo y uno de midazolam. La maniobra fue descubierta cuando verificaron que la paciente consignada no figuraba como atendida ni internada en la institución, evidenciando que estos casos de sustracción de anestésicos trascienden a una única institución.
