El Gobierno libertario presentó formalmente en el Senado un proyecto de derogación completa de la ley de Etiquetado Frontal de Alimentos (27.642), normativa que había sido sancionada años atrás con amplio consenso legislativo. La iniciativa, firmada por Javier Milei, Manuel Adorni y Mario Lugones, genera expectativa en la Cámara alta, aunque legisladores de la oposición dialoguista señalan que no existe urgencia para tratarla.
Desde bancadas aliadas expresaron su cautela ante la propuesta. "No hay apuro de nuestro lado. Además, queremos ver los estudios que justifiquen esto. En el mensaje no veo tanta evidencia", confiaron a medios especializados. Otros legisladores agregaron que existen iniciativas más prioritarias pendientes y cuestionaron la necesidad de derogar completamente una ley que, aunque perfectible, ya se encuentra incorporada en los hábitos de consumo de la población.
El Ejecutivo fundamenta su propuesta argumentando que el sistema actual genera "advertencias equivalentes" para alimentos con "composiciones nutricionales sustancialmente diversas", lo que reduce la capacidad informativa del sistema. Asimismo, sostiene que la estructura binaria de advertencias desincentiva mejoras graduales en la composición de productos y dificulta diferenciar alimentos con perfiles nutricionales relativamente mejores dentro de una misma categoría.
La Casa Rosada también enfatiza que las restricciones publicitarias y de diseño de envases generan "asimetrías regulatorias" que impactan especialmente en pequeñas y medianas empresas, incrementando sus costos de cumplimiento y potenciando procesos de concentración de mercado. El Gobierno propone avanzar hacia "un esquema técnicamente más consistente" que compatibilice la protección de la salud pública con el desarrollo competitivo de actividades productivas.
Según el mensaje presidencial, la derogación busca reducir sobrecostos e ineficiencias en producción, comercialización y empaquetado, promoviendo un entorno más innovador y armonizable regionalmente. El proyecto se espera que sea girado a comisiones en las próximas horas, donde enfrentará un debate que combina consideraciones sanitarias, económicas y regulatorias.
