El conflicto en torno a la Iglesia de Santa Catalina de Siena continúa sin resolverse. El gobierno porteño anunció esta tarde que el templo reabrirá sus puertas esta semana tras determinar que "no existe riesgo estructural" en el edificio, y propuso un monitoreo conjunto para evaluar el impacto de las obras de peatonalización de Viamonte. Sin embargo, el párroco Gustavo Antico rechazó categóricamente esta versión, afirmando que apenas hubo "un comienzo de conversación" y que se opone rotundamente a la reanudación de los trabajos.
Antico defendió su posición enfatizando que aunque no existe riesgo de derrumbe, el monumento histórico de 1745 presenta daños que requieren evaluación y reparación. "Fue preventivo y de sentido común pedir que se pare la obra. Sabemos que el monumento está afectado", declaró a LA NACION. La iglesia permanece cerrada al público desde hace diez días, cuando las autoridades eclesiásticas denunciaron que las obras generaron decenas de grietas en el inmueble sin cimientos.
Una medida cautelar interpuesta por la agrupación Basta de Demoler frena cualquier avance. La justicia ordenó la suspensión de los trabajos frente a Santa Catalina y exigió un informe técnico sobre el impacto de las vibraciones y la maquinaria pesada. La Ciudad sostiene que puede reanudar las obras en otras secciones de Viamonte, pero esta decisión genera tensión con los vecinos, quienes convocaron un "cabildo abierto" para mañana.
La Comisión Nacional de Monumentos emitió un dictamen desaconsejando la construcción del megatemplo mormón previsto en la manzana. El documento señala que cualquier nueva construcción o excavación en el entorno inmediato comprometería la integridad del bien y vulneraría la normativa vigente. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días respondió que sus estudios técnicos demuestran que su proyecto no afectará a Santa Catalina.
El arzobispo Jorge García Cuerva ya expresó su apoyo a la iglesia celebrando misa en el patio exterior, enfatizando el reclamo de las autoridades eclesiásticas. La controversia refleja la tensión entre el desarrollo urbano y la preservación del patrimonio histórico en el microcentro porteño, con múltiples actores presentando visiones contrapuestas sobre cómo proceder.
