En un fallo sin precedentes en Argentina, la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba reconoció la relación causal directa entre la aplicación de la vacuna Sputnik V y la muerte de Melín Agustina Sartori, una joven cordobesa de 24 años que falleció por trombocitopenia. La sentencia ordena al Estado nacional avanzar con la indemnización prevista en la ley 25.773 de reparación por efectos adversos de las vacunas contra el Covid-19, otorgando 30 días para culminar el procedimiento.
Melín recibió la primera dosis de la vacuna rusa el 15 de julio de 2021 y murió catorce días después. Su madre, Virginia Ruiz, médica de profesión, relata que su hija era una joven sana que estudiaba historia y trabajaba en centros de ayuda social. Una semana después de la vacunación, Melín comenzó con un fuerte dolor abdominal, seguido de vómitos y un dolor de cabeza insoportable que la llevó a internarse de urgencia. El tribunal destaca que la evidencia científica y médica incorporada al expediente "satisface holgadamente el umbral de preponderancia de la evidencia" exigido por la normativa vigente.
Inicialmente, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (Conaseva) había clasificado el caso como "Indeterminado B1", lo que llevó a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a rechazar el reclamo administrativo. Sin embargo, en 2024, la Conaseva reevaluó el caso con nueva evidencia científica internacional y reclasificó el evento como "Relacionado A1", reconociendo la "evidencia de causalidad con la vacuna". Esta revisión resultó central para despejar definitivamente la discusión sobre el nexo causal.
Los informes médicos fueron determinantes en la sentencia. La médica hematóloga Ana Romina Montivero detectó anticuerpos IgG anti factor plaquetario 4, compatibles con el síndrome de trombosis con trombocitopenia inducido por vacuna (VITT), concluyendo "sin duda alguna" que los síntomas obedecían a la vacunación. La especialista en farmacovigilancia Raquel Herrera Comoglio confirmó que la paciente presentó VITT y que falleció como consecuencia directa de esta complicación.
La Cámara cuestionó el criterio inicial de la administración pública, señalando que la ley 27.573 no exige "certeza absoluta", sino apenas acreditar el daño y su relación causal mediante la "preponderancia de la evidencia". El tribunal rechazó las fundamentaciones "meramente dogmáticas" del rechazo administrativo y enfatizó que el caso de Sartori encuadra "plenamente" en los supuestos indemnizables previstos por la ley, que establece compensaciones equivalentes a 240 jubilaciones mínimas en casos de fallecimiento.
