Tras el caso de Agostina Vega, Córdoba aprobó nuevos requisitos para los empleados municipales
El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó una reforma del Estatuto del Empleado Municipal que establece nuevos requisitos para ingresar y permanecer en la administración pública. Entre los cambios se encuentra la obligación de presentar certificados de antecedentes penales y de informar sobre imputaciones o modificaciones en causas judiciales.
La iniciativa surgió a partir del caso de Claudio Barrelier, acusado del femicidio de Agostina Vega, quien continuó trabajando en el ámbito municipal pese a las denuncias en su contra. La modificación busca reforzar los mecanismos de control y establecer condiciones más estrictas para los trabajadores del Estado local.
Uno de los principales impulsores de la propuesta fue el concejal Nicolás Piloni, quien defendió la necesidad de actualizar las normas que regulan el ingreso y la permanencia en la Municipalidad. La reforma modifica los artículos 12 y 13 del estatuto, correspondientes al personal de planta permanente y al personal transitorio no permanente.
Los nuevos requisitos para ingresar a la Municipalidad de Córdoba
A partir de la modificación, quienes aspiren a incorporarse al municipio deberán presentar un certificado de antecedentes penales y contravencionales expedido por la Policía de la Provincia de Córdoba, además de un informe del Registro Nacional de Reincidencia.
También se establece como condición no figurar en el registro de deudores alimentarios morosos ni tener imputaciones por delitos contra la integridad sexual. De esta manera, la normativa incorpora nuevos criterios que deberán cumplir los postulantes para acceder a un puesto en la administración pública municipal.
Qué deberán informar los empleados municipales
Los cambios también alcanzan a quienes ya trabajan en el municipio. Los agentes tendrán la obligación de comunicar a las autoridades si reciben una imputación penal o si se producen modificaciones en sus causas judiciales, tanto por delitos dolosos como culposos.
Una vez recibida la información, el área competente deberá evaluar si la situación judicial puede afectar las funciones del empleado o el normal funcionamiento del servicio público. El objetivo es que las autoridades dispongan de elementos para analizar cada caso y determinar si corresponde tomar alguna medida.
La reforma aclara que una imputación penal no implica automáticamente una sanción administrativa. Cada situación deberá evaluarse de manera individual para establecer si corresponde iniciar un sumario u adoptar otras decisiones, según las circunstancias.
