
ADEPA expresó su preocupación ante la Oficina de Respuesta Oficial: “El Estado no es el árbitro de la verdad”
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su profunda preocupación por la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, un organismo destinado a "desmentir" periodistas y medios de comunicación.
En un comunicado contundente, ADEPA señaló que combatir la desinformación es legítimo, pero el Estado no puede erigirse como el árbitro de la verdad pública. La entidad advirtió sobre los riesgos de que este tipo de organismos se conviertan en mecanismos de vigilancia y disciplinamiento indirecto del periodismo.
La asociación enfatizó que el mejor antídoto contra la desinformación no es la "verdad oficial", sino un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes, responsables ante sus audiencias y la ley.
En línea con ADEPA, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) también rechazó la iniciativa, argumentando que el periodismo no dicta imperativos categóricos sobre la verdad, sino que trabaja para aportar información verificada.
Ambas organizaciones coincidieron en que la pretensión del Gobierno de establecer una "verdad oficial" indiscutible atenta contra los principios fundamentales de una sociedad libre y el ejercicio de la libertad de expresión.
En un comunicado contundente, ADEPA señaló que combatir la desinformación es legítimo, pero el Estado no puede erigirse como el árbitro de la verdad pública. La entidad advirtió sobre los riesgos de que este tipo de organismos se conviertan en mecanismos de vigilancia y disciplinamiento indirecto del periodismo.
La asociación enfatizó que el mejor antídoto contra la desinformación no es la "verdad oficial", sino un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes, responsables ante sus audiencias y la ley.
En línea con ADEPA, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) también rechazó la iniciativa, argumentando que el periodismo no dicta imperativos categóricos sobre la verdad, sino que trabaja para aportar información verificada.
Ambas organizaciones coincidieron en que la pretensión del Gobierno de establecer una "verdad oficial" indiscutible atenta contra los principios fundamentales de una sociedad libre y el ejercicio de la libertad de expresión.






