El vocero presidencial Adrián Ravier defendió hoy la estrategia económica del Gobierno de Javier Milei. En sus declaraciones, rechazó categóricamente la idea generalizada de que "la gente no llega a fin de mes" y aseguró que la administración libertaria no comparte ese diagnóstico para el conjunto de la sociedad.
Ravier explicó que, si bien reconoce que existen personas atravesando dificultades económicas, sostiene que distintos indicadores muestran una caída de la pobreza y la indigencia durante este período. El funcionario citó datos del INDEC, la Universidad Católica Argentina y UNICEF para argumentar que la desaceleración de la inflación ha permitido una mejora en los sectores más vulnerables. Asimismo, admitió que parte de la clase media enfrenta mayores dificultades por el impacto de las tarifas en el presupuesto familiar, pero justificó la corrección de precios como necesaria para generar inversiones y recuperar la calidad de los servicios.
Respecto al mercado crediticio, Ravier aclaró que nunca responsabilizó a las familias por el endeudamiento y señaló que algunos titulares periodísticos distorsionaron sus palabras. Explicó que el crecimiento de la morosidad debe analizarse en el contexto de un mercado crediticio que prácticamente resurgió después de años de alta inflación. Según el vocero, tanto bancos como usuarios atraviesan un proceso de aprendizaje, y muchas entidades ya ofrecen refinanciaciones a tasas más bajas.
En cuanto a la evolución de los ingresos, Ravier insistió en que desde marzo de 2026 los salarios nominales volvieron a crecer por encima de la inflación, dejando atrás el impacto inicial provocado por la devaluación de diciembre de 2023. Descartó cualquier plan de estímulo al consumo antes de las elecciones y defendió los incentivos del Super RIGI como herramienta para atraer inversiones productivas, generar empleo y aumentar exportaciones. También respaldó la flexibilización del régimen para la compra de tierras por privados extranjeros.
En el aspecto político, Ravier reiteró el apoyo del oficialismo para eliminar las PASO, argumentando que representan un gasto de aproximadamente 250 millones de dólares anuales para el Estado. Aclaró que el proyecto deberá discutirse en el Congreso y que se mantienen conversaciones para reunir consensos. Finalmente, reconoció que las principales reformas estructurales demandarán tiempo y que el Gobierno trabaja con perspectiva de largo plazo, con el objetivo de construir "una economía más abierta, más desregulada, con menos impuestos y una moneda sana".
