La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rompió el silencio y respondió directamente a las críticas del presidente Javier Milei, quien había cuestionado la gestión de la entidad en la liberación del gendarme Nahuel Gallo. A través de un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, la institución rechazó categóricamente las amenazas de denuncias penales y las calificó como un acto de "gravedad institucional inusitada".
El documento de la AFA fue contundente al desmentir las acusaciones del Gobierno nacional, que estudiaría iniciar acciones legales por un presunto "entorpecimiento de las relaciones diplomáticas". Dalbón fue tajante en su respuesta: "No existió delito alguno". Enfatizó que "la gestión realizada por la AFA no configura ninguna conducta típica" y que "ninguna norma prohíbe que una institución privada contribuya humanitariamente a la liberación de un ciudadano argentino".
En un párrafo de fuerte contenido político, la AFA invirtió la acusación contra la Casa Rosada: "Lo que quedó al descubierto no fue un delito: fue una inacción. Durante más de quince meses, los canales diplomáticos formales del Estado argentino no lograron obtener su liberación. El Estado falló donde una institución deportiva tuvo que intervenir". El comunicado dejó clara la posición de la entidad: "La AFA no se arrepiente. La AFA lo haría de nuevo".
La institución enfatizó que lo verdaderamente importante es que Nahuel Gallo está en Argentina, con su familia, vivo y libre. Expresó su confianza en que cualquier magistrado que analice los hechos concluirá que no hubo irregularidades, sino "humanidad". El comunicado cerró con una reflexión que profundiza la grieta entre el Gobierno y la conducción de Claudio "Chiqui" Tapia: mientras Milei y su equipo estuvieron más de 448 días sin poder traer a Gallo, fueron los dirigentes del fútbol argentino quienes encontraron el canal para desbloquearlo.
La respuesta de la AFA marca un punto de inflexión en la disputa política, presentando la gestión de la entidad como un acto de humanidad frente a lo que califica como inacción estatal. La institución dejó clara su postura: no tiene interés en disputas políticas, pero tampoco permitirá que se cuestione una acción que logró lo que el Estado no pudo en más de un año.
