A poco más de un mes de un grave accidente en la Ruta Nacional A012 al sur de Rosario, donde dos camiones chocaron dejando heridos y cortando el tránsito durante ocho horas, el gobernador Maximiliano Pullaro y el jefe de Gabinete Diego Santilli firmaron en julio de 2026 un acuerdo histórico. Durante los próximos veinte años, Santa Fe se hará cargo de la administración, mantenimiento, rehabilitación y nuevas obras de esta ruta estratégica que une el 80% de las exportaciones nacionales de granos, harinas y aceites. El convenio marca un punto de inflexión en la relación entre la Nación y las provincias.
Sin embargo, el acuerdo esconde tensiones importantes. La Nación conserva el dominio público y la jurisdicción federal, mientras que la provincia asume los costos y responsabilidades del deterioro. Desde la Casa Gris explican que "los ciudadanos no distinguen si el bache pertenece al Estado nacional o provincial", por lo que decidieron actuar. Aunque reconocen gastar de sus propios recursos, consideran que ordenar este caos es prioritario. Ya han licitado trabajos para acondicionar los 67 kilómetros de calzada e iniciaron operaciones inmediatamente.
El acuerdo Milei-Santa Fe se concretó en un momento clave: cuando la Quinta de Olivos busca reconstruir vínculos con los gobernadores para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de 2027. Economía prepara transferencias de más de mil kilómetros de corredores nacionales a diferentes provincias, mientras considera alternativas como concesiones privadas por treinta años. Gobernadores de distintos signos políticos denuncian una "desfederalización encubierta", aunque algunos ven oportunidades en asumir rutas abandonadas, siempre que lleguen con fondos y reglas claras.
El diagnóstico sobre el estado vial es crítico en toda Argentina. Según relevamientos de Vialidad Nacional y la Federación del Personal de 2024 y 2025, dos tercios de la red federal presenta pavimentos intransitables, falta de señalización y banquinas inútiles. Durante 2024 y 2025, La Libertad Avanza subejecutó más de la mitad de los recursos asignados a Vialidad. Especialistas advierten que un mantenimiento rutinario cuesta entre USD 15.000 y 40.000 por kilómetro, mientras que una reconstrucción total alcanza USD 1,3 a 3,5 millones. Intervenir a tiempo puede resultar hasta diez veces más barato que esperar al colapso.
El costo humano es alarmante. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2025 murieron 4.060 personas en 3.255 siniestros, con más de la mitad en rutas nacionales y provinciales. Eso representa más de once fallecidos diarios. Aunque no todos los accidentes se atribuyen al estado de la infraestructura, las malas condiciones del asfalto aumentan significativamente los riesgos. La crisis vial coincide con un fuerte ajuste a las provincias: en el primer semestre de 2026 perdieron $2,2 billones en transferencias, según análisis de Politikón Chaco. La Decisión Administrativa 20/26 de Caputo recortó casi $2,5 billones del Presupuesto.
El malestar es transversal entre gobernadores aliados, dialoguistas y dirigentes que apoyaron el programa libertario. Santilli acumula reuniones y prepara viajes para avanzar con adelantos de coparticipación, convenios y obras. Las provincias intentarán convertir cada voto legislativo en una obra concreta. Sin embargo, estudios de Alaska y TresPuntoZero revelan que el 72% de la población rechaza la suspensión de obra pública, aunque el 70% apoye un rol activo del Estado. La sociedad puede respaldar el equilibrio fiscal, pero parece menos dispuesta a aprender a esquivar baches para llegar viva a su destino.
