El sindicato ATE Nacional presentó una denuncia formal contra el Gobierno por la reorganización del área de Metrología Legal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El secretario general de la organización, Rodolfo Aguiar, advirtió que la Resolución 213/25 del INTI "desarticula y quita las funciones del Programa de Metrología Legal", encubriendo lo que considera un claro intento de privatización de un sector estratégico.
La medida pone en riesgo cientos de puestos de trabajo dentro del organismo y afecta directamente servicios esenciales para la población. El área de Metrología Legal es responsable de controlar surtidores de combustible, balanzas comerciales, instrumentos médicos, alcoholímetros y sistemas de fotomultas, entre otros dispositivos críticos. Según Aguiar, la decisión "atenta contra la seguridad de toda la población" al desmantelar funciones de control que protegen a los ciudadanos.
ATE intimó formalmente al Gobierno nacional mediante una carta documento, expresando su rechazo a lo que considera un proceso de desarticulación de un organismo público fundamental. La denuncia se enmarca en la preocupación sindical por las políticas de ajuste y privatización que se estarían implementando en diferentes áreas del Estado.
El INTI es una institución científica y tecnológica de relevancia estratégica para el país, encargada de la metrología, normalización y certificación. La reorganización de su área de Metrología Legal genera interrogantes sobre la continuidad de servicios de control que son vitales para garantizar la seguridad de consumidores y usuarios en diversas actividades cotidianas.
Esta acción del sindicato forma parte de una serie de conflictos laborales y reclamos por políticas de reducción de personal y privatizaciones en organismos públicos durante la actual gestión gubernamental. La tensión entre el Gobierno y los sindicatos continúa escalando en torno a temas de empleo público y preservación de servicios estatales.
