El Gobierno avanza con sanciones contra dos sindicatos clave del transporte por haber adherido al paro general de la CGT del 19 de febrero, pese a estar bajo conciliación obligatoria. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, enfrenta una multa de 70 mil millones de pesos, mientras que La Fraternidad, conducida por Omar Maturano, ya recibió una sanción de $21.241.500.000 que impugnará judicialmente.
Ambos sindicatos argumentan que la conciliación obligatoria no les impedía participar en paros generales de la CGT, ya que esa medida solo regía para sus conflictos salariales específicos. La UTA sostiene que la paralización debería haber sido legal en el AMBA, mientras que La Fraternidad considera que la limitación a medidas de fuerza no podía aplicarse a una protesta general. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, interpreta que la Ley N° 14.786 obliga a abstenerse de cualquier acción directa durante la conciliación obligatoria para proteger servicios esenciales.
La Fraternidad presentará este jueves una denuncia judicial contra la sanción y planea llevar el caso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en junio, en Ginebra, denunciando lo que considera "persecución política y sindical". El Gobierno, a través de la Secretaría de Trabajo encabezada por Julio Cordero, asegura que verificó el desacato de ambos sindicatos y que las infracciones fueron tipificadas conforme a la ley de sanciones laborales.
En el ambiente sindical se especula que el Gobierno podría demorar el anuncio de la sanción contra la UTA porque busca mantener buenas relaciones con este gremio clave del transporte. La UTA no se sumó al paro general del 10 de abril, justificándose en la conciliación obligatoria vigente, lo que habría generado ciertos "guiños" hacia la administración libertaria. Las fuentes gubernamentales niegan esta versión y sostienen que aún finalizan pericias en provincias para determinar si la paralización se concretó en el interior.
La CGT calificó estas multas como un acto de "persecución política y sindical", señalando que el Gobierno debería enfocarse en la escalada de cierres de empresas, desempleo y caída del poder adquisitivo. Este caso recuerda el antecedente de 2018, cuando el Gobierno de Mauricio Macri multó al Sindicato de Camioneros con 809 millones de pesos por violar la conciliación obligatoria. Aquella sanción fue impugnada y finalmente declarada nula en 2020 por el Gobierno de Alberto Fernández, que consideró que no se identificó claramente el número de trabajadores afectados.
