La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional anuló la elevación a juicio de la causa por el presunto desvío de propofol del Hospital Italiano de Buenos Aires y ordenó que el expediente vuelva a la etapa de instrucción. La decisión alcanza a dos médicos anestesiólogos procesados por defraudación por administración fraudulenta.
¿Qué resolvió Casación?
El fallo respaldó los planteos del Ministerio Público Fiscal (MPF), que había cuestionado el cierre de la investigación mientras seguían pendientes los peritajes sobre los dispositivos electrónicos secuestrados. Para el tribunal, avanzar hacia el debate oral sin conocer esos resultados podía comprometer la correcta determinación de la acusación e incluso afectar la validez del juicio.
Según la investigación, los imputados son Hernán Boveri, exmédico del área de Anestesiología del Hospital Italiano, y Delfina «Fini» Lanusse, exresidente de tercer año de la misma especialidad. La hipótesis judicial sostiene que ambos habrían desviado propofol para uso personal, en perjuicio de la institución. La causa comenzó en febrero de 2026.
En junio de 2026, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó los procesamientos. Boveri quedó como presunto autor de la maniobra y Lanusse como partícipe secundaria.
Por qué el fiscal pidió frenar el juicio
Durante la instrucción, los camaristas habían señalado la necesidad de abrir y analizar los dispositivos electrónicos de los acusados. Con ese objetivo, el fiscal Lucio Herrera, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°29, pidió a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) que realizara los peritajes. También solicitó registros para establecer en cuántas operaciones intervinieron los imputados entre enero de 2025 y febrero de 2026, en las que se hubiera registrado el uso de ampollas de propofol.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 consideró que esas pruebas podían producirse durante el juicio oral y no eran imprescindibles para cerrar la investigación. Herrera se había opuesto, porque entendía que el análisis era potencialmente relevante para esclarecer los hechos.
Más adelante, la fiscal María Luz Castany pidió en agosto de 2026 que las actuaciones regresaran a primera instancia. Advirtió que el examen del contenido de los dispositivos excedía una medida de prueba secundaria o tangencial. El juez Pablo Vega, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17, coincidió y consideró prematura la elevación a juicio. Luego, el tribunal compartió las objeciones y elevó la controversia a Casación.
¿Qué pasa ahora con la causa?
Casación declaró la nulidad de la resolución del 17 de julio de 2026, con la que el Juzgado N°47 había rechazado el planteo fiscal e insistido en la elevación a juicio. Además, dejó sin efecto todas las actuaciones posteriores a esa resolución.
El tribunal entendió que la prueba pedida por Herrera era útil y pertinente, y que sus resultados podían incidir en la determinación de los hechos que eventualmente irían a juicio. Por eso, la producción de esa evidencia no debe diferirse hasta el debate oral.
La causa también está relacionada con otras tres investigaciones: una sobre las circunstancias de la muerte de un médico, otra que involucra a una anestesióloga del Hospital Rivadavia y una tercera que tramita en el fuero federal porteño.
Qué tenés que saber
- La causa comenzó en febrero de 2026 y los procesamientos fueron confirmados en junio de 2026.
- Casación anuló la elevación a juicio y ordenó volver a la etapa de instrucción.
- Quedan pendientes los peritajes de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) sobre los dispositivos electrónicos secuestrados.
- Se anuló la resolución del 17 de julio de 2026 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 y todas las actuaciones posteriores.
