El Juzgado Criminal y Correccional Federal 7 de Buenos Aires, a cargo del juez Sebastián Casanello, resolvió elevar a juicio oral la acusación de administración fraudulenta contra Leandro Gastón Kebleris y Gabriela Anahí Rivero por presuntos delitos en el programa Potenciar Trabajo. La investigación señala que ambos imputados habrían causado un perjuicio superior a $49.417.301 a la administración pública nacional mediante la emisión de facturas falsas a través de la empresa Coxtex SA.
La causa revela un esquema sofisticado de desvío de fondos estatales que operó entre junio de 2020 y marzo de 2024. El Estado transfirió $361.087.500 a la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor, de los cuales al menos $49.417.301 fueron desviados mediante facturas apócrifas. Las investigaciones se apoyaron en información forense extraída de los teléfonos de los imputados, que incluye mensajes que evidencian una coordinación sistemática para crear y utilizar sociedades fantasma.
Los chats analizados muestran un verdadero "servicio" de empresas ficticias. Los imputados ofrecían activamente sociedades según las necesidades, utilizaban personas en situación de vulnerabilidad como titulares formales, y organizaban la captación de prestanombres con intermediarios dedicados. En uno de los mensajes se menciona explícitamente: "Vamos a hacer once sociedades, ya ahí estuvimos juntando a la gente para hacer once sociedades". El juez Casanello interpretó esto como prueba de un sistema organizado y escalable de fraude.
La elevación a juicio fue requerida de manera unánime por el Ministerio Público Fiscal, la Oficina Anticorrupción, la Fundación Poder Ciudadano y la Unidad de Información Financiera. Las defensas presentaron argumentos de sobreseimiento y nulidad, que fueron desestimados por el tribunal. Se confirmó que Coxtex SA fue constituida en octubre de 2020 como una "usina de facturación apócrifa" sin actividad comercial genuina ni movimientos bancarios reales.
Las comunicaciones analizadas demuestran que Kebleris y Rivero ejercían control y administración encubierta de la empresa fantasma, reclutando y pagando a los prestanombres formales. El fallo establece que ambos imputados crearon estructuras ficticias para emitir facturas falsas simulando compras de bienes como notebooks y software, pero en realidad canalizaban fondos públicos hacia otros destinos. La causa ahora avanzará a juicio oral con pruebas que acreditan una "práctica regular y coordinada" de fraude institucionalizado.
