La tensión entre la Asociación del Fútbol Argentino y la Inspección General de Justicia alcanzó un nuevo nivel después de que el organismo de control solicitara formalmente la designación de veedores en la entidad presidida por Claudio Fabián Tapia. La IGJ busca acceder a documentación contable y financiera que asegura no ha sido entregada a pesar de múltiples requerimientos. Ante esta decisión, la AFA emitió un comunicado contundente rechazando la medida y cuestionando su legalidad.
En el documento oficial firmado por Tapia, la conducción del fútbol argentino sostiene que "la AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley". El inspector general Daniel Roque Vítolo había mencionado "graves irregularidades", incluyendo balances no presentados y movimientos financieros de origen desconocido. Sin embargo, la AFA cuestiona esta postura argumentando que si las irregularidades fueran realmente graves, la IGJ estaría obligada a aplicar sanciones como multas o intervención, no simplemente una veeduría.
La entidad defensora del fútbol argentino aseguró que los balances correspondientes a los ejercicios 2017 a 2024 fueron presentados y se encuentran en trámite administrativo. Respecto al balance de 2025, explicaron que no fue remitido debido al cambio de domicilio legal hacia la Provincia de Buenos Aires. Además, aclararon que la sede de Pilar fue aprobada por la autoridad provincial competente y su inscripción constituye un acto administrativo válido y vigente, contrario a lo que afirma la IGJ.
La AFA vinculó esta medida con un trasfondo político relacionado con el debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y la disputa institucional entre la Nación y la Provincia. En su comunicado, Tapia cuestionó directamente al inspector general: "Si la veeduría no es una sanción, ¿por qué la presenta como si lo fuera?", argumentando que se trata de "una operación política" que no resistirá el control judicial.
La AFA anunció que recurrirá a la Justicia para frenar la veeduría y defenderá su autonomía "por todas las vías judiciales y democráticas". Con un mensaje que resonó en todo el fútbol argentino, Tapia cerró el comunicado afirmando: "El fútbol argentino es del pueblo. Y el pueblo no se vende". La batalla legal entre la entidad y la IGJ está apenas comenzando.
