El gobierno de Axel Kicillof intensificó la presión sobre la administración nacional al actualizar la deuda que mantiene con la provincia de Buenos Aires. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, expuso que desde diciembre de 2023 la Provincia experimentó una pérdida total de $22,2 billones en recursos fiscales, lo que representa uno de los mayores recortes de fondos en los últimos años. Según López, esta cifra equivale aproximadamente a ocho años de inversión en obra pública provincial, a la mitad del presupuesto total de la administración bonaerense o a más de un año completo de recaudación propia.
"Atravesamos un ahogo financiero inédito", afirmó el funcionario, quien responsabilizó directamente al Gobierno de Javier Milei por esta situación. López argumentó que "el superávit nacional es deuda con las provincias" y señaló que los $22,2 billones adeudados explicarían cerca del 50% del superávit primario acumulado por la Nación desde 2024. El ministro criticó duramente el modelo actual, calificándolo como opuesto al federalismo, al crecimiento económico y al desarrollo social, ya que el Gobierno nacional se retira de funciones esenciales mientras les quita fondos a las provincias para financiarlas.
Esta disputa financiera se refleja directamente en las negociaciones paritarias con los gremios de la administración pública. Docentes, estatales y judiciales rechazaron el último ofrecimiento del Ejecutivo provincial, que apenas alcanzaba el 3% de incremento salarial. El mayor impacto se sentirá el próximo lunes, cuando no comenzarán las clases en las escuelas públicas de Buenos Aires según el calendario escolar. El Frente de Unidad Docente Bonaerense decretó paro para el 2 de marzo, fecha que coincide con el inicio del ciclo lectivo, incluso Suteba, históricamente cercano a Kicillof, se sumó a la medida.
Los trabajadores estatales también cuestionan fuertemente las ofertas salariales. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que desde la asunción de Milei, la devaluación del dólar provocó una caída del 13,5% en el poder adquisitivo de los salarios estatales en apenas un mes. Según ATE, desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026, el costo de los servicios públicos en el AMBA subió 593%, mientras que el nivel general de precios aumentó 200%, generando un deterioro sostenido en las condiciones de vida de los trabajadores del sector público.
Los judiciales también rechazaron el ofrecimiento del 3%, considerándolo insuficiente frente a la inflación acumulada. La Asociación Judicial Bonaerense mandató a su Comisión Directiva a ejecutar un paro total de actividades en los próximos días, con posibilidades de coordinar la medida con otros gremios estatales. Aunque el gobierno bonaerense mantiene que las conversaciones informales continúan y que las paritarias están abiertas, la tensión entre las demandas de los trabajadores y la capacidad fiscal de la provincia se profundiza día a día.
