Un informe de la Fundación Libertad puso en evidencia las estructuras sobredimensionadas de los concejos deliberantes en distintas ciudades del país, revelando gastos que resultan difíciles de justificar. Los datos presentados en generaron un intenso debate sobre la legitimidad y el costo real de estos organismos locales, cuestionando por qué ciudades con poblaciones similares presentan diferencias abismales en sus presupuestos por concejal.
El análisis expuso casos extremos como el de Posadas, donde existen 122 empleados por cada concejal. Esta desproporción llevó a los analistas a preguntarse si realmente se justifica una estructura de tal magnitud para funciones que deberían ser mucho más simples. El panel destacó que estos números no responden a una mayor eficiencia legislativa, sino que revelan cómo los concejos deliberantes se utilizan como "cajas" para financiar estructuras paralelas que poco tienen que ver con sus funciones originales de legislar y hacer ordenanzas municipales.
Las diferencias entre localidades próximas, como Posadas y Oberá en Misiones, demuestran la falta de criterios claros en la asignación de recursos. Los analistas señalaron que estos contratos funcionan como herramientas políticas para financiar colaboradores, transformando los concejos en instrumentos de control político más que en órganos de fiscalización genuina. Además, muchas de estas estructuras mantienen empleados que no realizan tareas específicas relacionadas con sus cargos.
El informe de la Fundación Libertad fue valorado como un avance importante en transparencia, un aspecto poco común en la política argentina. Los especialistas coincidieron en que la crisis de legitimidad institucional se agrava cuando la ciudadanía observa estos gastos injustificados, sin que se explique claramente qué servicios públicos se proporcionan a cambio. La demanda fue clara: mayor transparencia y eliminación de estructuras anacrónicas que no se adaptan a las necesidades actuales.
Los analistas concluyeron que es urgente revisar y ajustar estas estructuras, eliminando empleados innecesarios y garantizando que los concejos deliberantes cumplan exclusivamente sus funciones legislativas. Solo así, argumentaron, estas instituciones podrán recuperar la confianza pública y demostrar que utilizan responsablemente los recursos que les asigna la ciudadanía.
