Docentes universitarios anunciaron un paro nacional de una semana desde el 28 de octubre
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) Histórica anunció un paro nacional de una semana a partir del miércoles 28 de octubre. La medida busca exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial y mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas. La decisión fue aprobada por unanimidad durante un congreso extraordinario realizado el 22 de octubre.
El conflicto se profundizó luego de la quinta Marcha Federal Universitaria y en medio de la disputa judicial por la aplicación de la ley. Desde los gremios denuncian una caída del 41,6% en el presupuesto universitario real desde diciembre de 2023 y una pérdida superior al 30% del poder adquisitivo de los salarios.
Por su parte, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) convocó a cuatro paros de 24 horas para el personal no docente, previstos para el 28 de octubre y el 3, 12 y 16 de noviembre. Las jornadas se realizarán sin asistencia a los lugares de trabajo y estarán acompañadas por actividades para visibilizar los reclamos.
La federación también anunció que impulsará acciones judiciales para que los montos correspondientes a la garantía salarial se incorporen a los salarios básicos, tal como establece el convenio colectivo. Además, cuestionó que representantes universitarios no pudieran participar de una reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
Ambas organizaciones buscarán coordinar las medidas con el resto de los gremios universitarios, el Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Universitaria Argentina. El reclamo apunta a fortalecer la defensa de la educación pública y exigir respuestas del Gobierno nacional.
La CONADU Histórica realizará un nuevo Congreso Extraordinario el viernes 6 de noviembre para evaluar la continuidad del plan de lucha. En tanto, los sindicatos también repudiaron los incidentes y las detenciones registrados durante la última movilización frente al Congreso, al considerar que afectan el derecho a la protesta y la libertad sindical.
