La relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial de Buenos Aires atraviesa un momento crítico. La semana pasada, la Suprema Corte bonaerense presentó un proyecto de ley de "Fortalecimiento del Poder Judicial" en el que reclamó por la autarquía judicial y exigió la cobertura de cuatro vacantes en el máximo tribunal, que actualmente funciona con apenas tres de sus siete miembros.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, respondió de manera escueta en conferencia de prensa, afirmando que el envío de pliegos al Senado es "una prerrogativa y facultad del gobernador que lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad y mérito". El acto encabezado por el presidente de la Corte, Sergio Torres, fue un claro mensaje al Gobierno provincial, destacando que han transcurrido 2292 días desde la primera vacante y casi ochocientos desde la desintegración del tribunal por la renuncia del doctor Luis Genoud. Notablemente, no hubo representantes del Poder Ejecutivo en el evento.
El último nombramiento en la Corte fue el de Torres en 2019 durante la gobernación de María Eugenia Vidal. Torres fue designado como parte de un acuerdo político entre Vidal y el Frente Renovador de Sergio Massa. Hoy, los entendimientos de Kicillof con otras fuerzas políticas sobre esta agenda están lejos de alcanzarse, complicados por la interna del peronismo. Antes de la presentación de la Corte, hubo una reunión con el ministro de Economía, Pablo López, para explorar la viabilidad de aplicar autarquía judicial, pero esa reunión "no habría sido constructiva".
Torres enfatizó que "no hay independencia judicial posible sin autarquía financiera" y que "la autarquía judicial no debe ser una concesión política ni un privilegio corporativo", sino que es "una manda constitucional directamente ligada al principio de división de poderes". Actualmente, el presupuesto de la Corte se dota de recursos por goteo que aplica el Ejecutivo. Pese a las tensiones, ambos poderes reconocen que se aprobaron 412 designaciones judiciales en el último tiempo, y la Corte espera cubrir otras 200 designaciones antes de fin de año.
En otros temas abordados en conferencia de prensa, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, destacó que el programa Mercados Bonaerenses registró un aumento interanual del 17% en ventas durante el primer bimestre, con precios entre 20% y 25% más bajos que en grandes cadenas. Rodríguez también pidió revertir los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional y denunció el vaciamiento del INTA. Por su parte, el titular de ARBA, Cristian Girard, anunció un plan de desendeudamiento para jubilados con exención de deudas retroactivas de hasta cinco años para más de 17.000 personas, por un monto de $798 millones, además de medidas paliativas para pymes y monotributistas.
