La tensión entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires alcanza nuevos niveles de confrontación. El gobernador Axel Kicillof presentó este martes una demanda ante la Corte Suprema reclamando el pago de $681.000 millones en transferencias adeudadas por parte del Estado Nacional. Aunque Kicillof y miembros del Gabinete de Javier Milei coincidirán en una misa por el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, el encuentro será apenas un instante de tregua en medio de un conflicto profundo que define la relación entre ambos sectores políticos.
La provincia de Buenos Aires mantiene actualmente ocho demandas contra el Estado Nacional, todas relacionadas con transferencias y programas suspendidos. El reclamo central se origina en el Decreto 280/2024 firmado por Milei, que suspendió las transferencias destinadas a cubrir déficit previsionales de las cajas provinciales. Según el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, desde la asunción del Gobierno nacional "la provincia lleva perdidos 22,2 billones de pesos" en transferencias y programas indirectos. La ANSES aún no ha respondido cómo planea resolver estos reclamos.
En paralelo, La Libertad Avanza avanza con su propia estrategia de control político. El senador libertario Carlos Curestis presentó un pedido de informe para que Kicillof dé detalles sobre la posible reconversión del programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria). Curestis cuestionó: "Si el gobierno Kicillof decidió eliminar o recortar el programa, tiene la obligación de explicar con absoluta claridad qué va a pasar con miles de familias bonaerenses". Además, los legisladores parejistas presentaron proyectos en ambas cámaras provinciales para impulsar la normalización del IOMA, denunciando deudas con prestadores y suspensión de servicios.
El conflicto también incluye disputas específicas sobre programas alimentarios. El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, presentó una carta reclamando $220.000 millones por el Servicio Alimentario Escolar (SAE). Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano respondió desconociendo la deuda, argumentando que el plan es de competencia provincial y que Nación aporta solo el 20% del monto necesario para los comedores escolares.
Más allá de estas cuestiones inmediatas, Kicillof reclama ante la Corte Suprema por siete fondos adicionales suspendidos por Milei. Entre ellos figuran el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI) por $88.800 millones, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por $42.000 millones, el Fondo de Compensación al Transporte Público por $5.000 millones, y el Fondo Nacional para Bosques Nativos por $400 millones. El monto total reclamado supera $1,13 billones, llegando a $2,2 billones al considerar diferencias adicionales.
La batalla judicial refleja una pugna más profunda sobre el modelo de financiamiento provincial en tiempos de ajuste fiscal. Mientras Milei implementa su política de "motosierra" a nivel nacional, las provincias enfrentan la reducción de coparticipación y la suspensión de programas. Buenos Aires, como la provincia más poblada del país, es el territorio más afectado, generando un escenario de confrontación política que seguirá definiéndose en los tribunales y en el Senado bonaerense.
