Una denuncia penal por abuso sexual con acceso carnal y amenazas fue radicada contra Mario Darío Peyer, intendente de Caraguatay, Misiones. La denunciante es una empleada del Concejo Deliberante local de 31 años que relató dos episodios que afectaron su integridad sexual. El caso generó una respuesta inmediata del gobernador Hugo Passalacqua, quien solicitó públicamente que el funcionario pida licencia y se ponga a disposición de la Justicia.
Los hechos denunciados comenzaron el 8 de julio de 2025, cuando Peyer convocó a la empleada a su despacho con el pretexto de hablar sobre una sesión del Concejo Deliberante. Según la denunciante, el intendente intentó contacto físico que la incomodó. El episodio más grave ocurrió el 4 de septiembre de 2025, cuando Peyer llegó con una caja de bombones por el Día de la Secretaria, la acorraló en la oficina, le cerró el paso y cometió abuso sexual pese a su resistencia.
La escalada de conductas intimidatorias continuó durante una sesión del Concejo Deliberante, cuando Peyer realizó tocamientos a la víctima bajo la mesa. Además, la denunciante afirmó que fue amenazada con perder su trabajo y facilitar el traslado de su pareja, policía de profesión, si revelaba los episodios. "Me dijo que eso es lo que a él le gusta", según consta en el expediente. Posteriormente, la mujer reportó que el intendente habría realizado gestos amenazantes hacia su hija de 11 años desde una camioneta oficial.
El juzgado de Instrucción N° 1 de Puerto Rico, a cargo del juez Manuel Balanda Gómez, ordenó allanamientos en la Municipalidad de Caraguatay, el domicilio del intendente, oficinas del Concejo Deliberante y la camioneta gris utilizada por Peyer. El operativo busca secuestrar teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos que aporten pruebas a la investigación. También se estableció una restricción de contacto entre el denunciado y la víctima, extendida a su familia.
Aunque Peyer cuenta con inmunidad legal derivada de su cargo electivo y actualmente no puede ser detenido, una eventual prisión preventiva solo podría concretarse si el Concejo Deliberante aprueba su desafuero. El proceso judicial continúa en etapa de instrucción mientras se espera la decisión del intendente respecto a apartarse de la función pública, tal como lo solicitó públicamente el gobernador Passalacqua.
