El Congreso argentino permanece a la espera de definiciones en Estados Unidos para continuar con el tratamiento de la Adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un convenio internacional demorado hace más de 50 años que constituye un compromiso asumido en el marco del acuerdo comercial bilateral. Actualmente, el proyecto cuenta con media sanción del Senado desde hace varios meses y dictamen de la Cámara de Diputados desde el 12 de mayo de 2026, pero investigaciones en territorio estadounidense han ralentizado su avance.
Según fuentes del Ministerio de Desregularización que comanda Federico Sturzenegger, en julio de 2026 Estados Unidos concluyó sus investigaciones por la sección 301 sobre distorsiones al comercio, resultando en la imposición de un arancel del 10% a Argentina, tal como se había acordado. Esta resolución fue publicada en el Federal Register durante 30 días para recibir comentarios y debería oficializarse a fines de julio de 2026, aplicándose desde comienzos de agosto. Esta definición habilitaría el tratamiento local del proyecto.
En el plano doméstico, el debate concentra intereses contrapuestos. Las multinacionales, representadas principalmente por AMCHAM, respaldan el tratado, mientras que los laboratorios locales agrupados en CILFA expresan resistencia. El despacho de mayoría obtuvo 57 firmas mediante la incorporación de una reserva sensible en el Capítulo II referido a la industria farmacéutica, donde se debate el rol del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). La preocupación local radica en que el acuerdo podría reducir la intervención del organismo argentino en la aprobación de patentes, facilitando decisiones que actualmente serían rechazadas en el país.
El impacto del tratado se concentraría especialmente en dos sectores: la industria agropecuaria, por los desarrollos de semillas, y la farmacéutica, por la creación de nuevos medicamentos. En las reservas incorporadas al dictamen se permite utilizar informes técnicos no vinculantes de oficinas extranjeras para el análisis de medicamentos, medida que CILFA considera podría influir indebidamente en las decisiones locales.
A pesar del interés del Gobierno nacional en una aprobación expedita, si el proyecto logra ser tratado en la Cámara de Diputados durante 2026, probablemente sufrirá modificaciones que lo obligarán a volver al Senado de la Nación. El mundo libertario mantiene intenciones de llevarlo al recinto, aunque previamente se frenó por el debate estadounidense y consideraciones locales sobre posibles interpelaciones.
