La Ley de Glaciares fue sancionada el 8 de abril con 137 votos a favor, contando con el apoyo de gobernadores de provincias mineras. Sin embargo, apenas 24 horas después, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó un amparo y una medida cautelar ante la Justicia Federal para frenar su aplicación. El mandatario argumenta que la norma viola la Constitución nacional y tratados internacionales, ya que uno de los ríos pampeanos tiene origen en zonas glaciares.
La presentación judicial fue acompañada por la fiscal de Estado pampeana, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y varias organizaciones no gubernamentales ambientalistas. El caso será analizado por el juez federal Juan José Baric, quien se desempeña en ese cargo desde 2018. Mientras tanto, los equipos técnicos del Gobierno nacional monitorean atentamente esta iniciativa, dado que la Ley de Glaciares es central para la proyección de inversiones en el sector minero.
El sector minero representa uno de los principales motores del crecimiento económico nacional. Proyectos de empresas como Glencore y Vicuña prevén inversiones cercanas a USD 40.000 millones, con seis iniciativas ya aprobadas y varias en proceso de aprobación. Una decisión judicial contraria a la ley podría afectar significativamente la hoja de ruta para captar nuevos proyectos y comprometer estas inversiones estratégicas.
El sector ambientalista ha manifestado su rechazo frontal a la Ley de Glaciares. Organizaciones no gubernamentales presentaron objeciones en audiencias públicas y participaron activamente en la causa judicial de La Pampa, posicionando el debate en el centro de la escena nacional. Este conflicto reaviva la discusión sobre el equilibrio entre la actividad minera y la protección ambiental en Argentina.
El juez Baric debe decidir si hace lugar a la medida cautelar y al amparo presentado por Ziliotto, lo que podría suspender temporariamente la entrada en vigor de la ley o rechazar las pretensiones de la provincia. Esta determinación es crítica para el Gobierno, especialmente considerando que próximamente se realizará en San Juan la exposición minera nacional, a la que asistirán el presidente y su gabinete. El resultado judicial podría incidir directamente en las expectativas y dinámicas de este evento sectorial.
La judicialización de leyes de impacto federal cuenta con antecedentes recientes en Argentina. Cuando se reformó la legislación laboral, la CGT presentó un amparo que resultó parcialmente exitoso. Por ahora, La Pampa es la única provincia que ha presentado un reclamo judicial contra la Ley de Glaciares, marcando un nuevo capítulo en la tensión entre desarrollo económico y protección ambiental.
