El Ministerio de Capital Humano anunció que apelará la decisión judicial que suspendió 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La ministra Sandra Pettovello comunicó la medida a través de redes sociales, horas después de que el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 aceptara el pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) de frenar cautelarmente la vigencia de la reforma aprobada por el Congreso.
El Gobierno considera esta reforma un instrumento clave para promover empleo formal, aumentar competitividad y ofrecer seguridad jurídica. El comunicado oficial sostiene que la ley fue "sancionada por amplia mayoría del Congreso" y representa un "mandato de la actual gestión". El Estado, representado por la Secretaría de Trabajo y la Procuración del Tesoro de la Nación, planteó objeciones formales argumentando falta de legitimación de la CGT y afectación a la división de poderes.
La CGT cuestionó la constitucionalidad de los cambios, argumentando que afectan derechos fundamentales como la protección laboral, libertad sindical, no discriminación y progresividad de derechos sociales. Entre los artículos impugnados figuran exclusiones de trabajadores de plataformas tecnológicas, eliminación de presunción de relación laboral, reducción de garantías en tercerización y flexibilización de normas sobre jornada y vacaciones.
La medida cautelar es temporal y no implica un pronunciamiento definitivo sobre constitucionalidad. El tribunal destacó que busca mantener el "status quo" y evitar daños irreparables hasta resolver el fondo de la cuestión. Mientras tanto, continuarán aplicándose los derechos y garantías de las leyes anteriores, incluyendo protección en despidos, condiciones salariales y reglas de representatividad sindical.
La suspensión afecta artículos que modifican la Ley de Contrato de Trabajo, regulan plataformas tecnológicas, limitan responsabilidad solidaria, eliminan el principio "in dubio pro operario" y cambian estatutos de huelga. También deroga la ley de teletrabajo (N° 27.555) y crea nuevos fondos de asistencia laboral. El Gobierno reafirmó su compromiso de agotar todas las instancias judiciales para garantizar la vigencia plena de la reforma.
La CGT celebró la decisión judicial, considerándola "un gran paso adelante". El secretario adjunto de la central, Andrés Rodríguez, afirmó que la resolución declara inconstitucionales incluso más artículos de los presentados en la demanda, reflejando el profundo conflicto entre el Gobierno y los sindicatos sobre la modernización del mercado laboral argentino.
