El oficialismo y sus aliados avanzaron este miércoles en la Cámara de Diputados con el dictamen de mayoría para reducir el régimen de Zonas Frías. El proyecto será incluido en una sesión convocada para el próximo miércoles 20 de mayo, con el objetivo de reconfigurar los beneficiarios de los subsidios al gas natural en el país.
La propuesta restringe significativamente el universo de beneficiarios, limitándolo únicamente a la Patagonia, Malargüe en Mendoza y la Puna. Esto excluye a las provincias que fueron incorporadas en la ampliación de 2021, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. Esa reforma anterior, impulsada por Máximo Kirchner, había extendido el criterio de zona fría a partir de parámetros bioambientales, llevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, representando casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.
El subsidio por Zona Fría quedará reservado exclusivamente a usuarios registrados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que incluye hogares con ingresos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales. Esto significa que solo los hogares vulnerables empadronados en el SEF podrán mantener el adicional por zona fría en las áreas que perderán la cobertura ampliada. En total, 55 departamentos en Buenos Aires y decenas de otros en distintas provincias quedarán fuera del régimen.
La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, explicó que los recursos son escasos y que el Gobierno considera justo destinarlos exclusivamente a quienes más lo necesitan. "No le estamos sacando ningún subsidio a la gente que lo necesita. Lo que queremos es que la gente que pueda pagar la energía, la pague y focalizar en los que más necesitan", detalló ante la comisión.
Además, el proyecto aborda la deuda histórica del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). El Estado calculará las diferencias de ingresos que las distribuidoras y transportistas eléctricas dejaron de percibir durante los años de congelamiento tarifario. Ese crédito se aplicará a cancelar las deudas con CAMMESA, a condición de que abandonen reclamos judiciales o administrativos vinculados.
El oficialismo apunta a incluir este proyecto en la sesión del próximo miércoles 20 de mayo, cuando también se tratará la Ley Hojarasca, que elimina 70 normas consideradas obsoletas o que afectan libertades individuales.
