El Gobierno nacional presentó ante el Congreso un proyecto de ley que busca reformular el régimen de Zona Fría y limitar los subsidios al gas para millones de hogares. La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, propone cambios significativos en la tarifa diferencial para localidades de Buenos Aires y la Patagonia, así como en la estructura de financiamiento del sistema.
El proyecto responde a la insostenibilidad financiera del actual régimen. Con la alícuota vigente del 7,5% sobre el precio del gas natural, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas ya no alcanza para financiar el sistema. El Gobierno señala que en 2021 bastaba con una alícuota del 5,3% para cubrir la totalidad del subsidio, pero la situación cambió drásticamente. Esta escasez de recursos ha derivado en falta de pago a distribuidoras y subdistribuidoras, interrumpiendo la cadena de cobros de los productores.
El cambio más profundo afecta a usuarios incorporados por la Ley 27.637 de 2022, que extendió el beneficio más allá de la Patagonia. Para estas zonas ampliadas, el proyecto elimina la bonificación universal del 50% sobre el precio del gas y la reemplaza por una bonificación restringida solo para hogares inscriptos en el Programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), con ingresos no superiores a tres Canastas Básicas Totales. Los usuarios que no cumplan este criterio socioeconómico dejarán de recibir cualquier subsidio al gas. Esta medida impacta en 128 departamentos distribuidos en 11 provincias.
Las zonas originales del régimen —Patagonia, Malargüe y la Puna— mantienen la bonificación del 50% sin condición de ingresos para usuarios residenciales. Además, el proyecto modifica la cadena de pagos: las compensaciones se pagarán directamente a los productores de gas en lugar de a través de distribuidoras, eliminando intermediarios y desacoplando lo que recauda el Fondo de lo que debe abonar. Los productores actuarán como agentes de percepción del recargo ante la ARCA.
El proyecto también aborda la deuda histórica del Mercado Eléctrico Mayorista. El Estado calculará las diferencias de ingresos que las distribuidoras y transportistas eléctricas dejaron de percibir durante la emergencia tarifaria, aplicando ese crédito para cancelar deudas con CAMMESA a cambio del abandono de reclamos judiciales. Las sumas resultantes quedarán exentas del impuesto a las Ganancias, mientras que para distribuidoras provinciales y municipales, el Estado nacional aclara que no asume responsabilidad por sus situaciones financieras.
En materia de energías renovables, el proyecto prorroga hasta 2045 la exención impositiva para fuentes limpias. En hidrocarburos, deroga los regímenes RADPIP y RADPIGN de acceso a divisas para producción incremental, así como el derecho de exportar libremente el 20% de la producción con arancel cero. Los proyectos ya aprobados conservarán sus beneficios hasta que se configure alguna causal de cese prevista en la normativa original.
