Mientras el Mundial de Fútbol captura la atención del país, el Gobierno trabaja contrarreloj en el Senado para aprobar reformas legislativas clave antes de que finalice junio. Operadores libertarios confirmaron que buscan concretar al menos una sesión parlamentaria durante el torneo en México, Estados Unidos y Canadá, aprovechando que algunos senadores se comprometerían a no viajar al evento.
El oficialismo planea impulsar un ambicioso temario que incluye el Super RIGI, modificaciones a la Ley de Sociedades, la Reforma Política Electoral, la Ley Hojarasca y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La estrategia responde a una urgencia clara: después del receso invernal y con el Mundial monopolizando la atención mediática, las posibilidades de avance legislativo se reducirían significativamente. Fuentes gubernamentales reconocen que "después de las vacaciones de invierno ya no vamos a tratar casi nada".
Sin embargo, los proyectos enfrentan resistencia considerable. Senadores aliados solicitan modificaciones a varias iniciativas, y existe consenso en la oposición de que estas leyes benefician principalmente a grandes tecnooligarcas como Marcos Galperín de Mercado Libre. El oficialismo propone que las PASO dejen de ser obligatorias como solución para la reforma electoral, una propuesta que cuenta con apoyo del PRO y la UCR, aunque genera controversias en otros sectores.
La ventana temporal es crítica porque el Gobierno anticipa que después de junio los gobernadores comenzarán a priorizar sus propias agendas electorales. Con 17 de 24 gobernadores habilitados para la reelección, el oficialismo teme que los aliados se distancien para evitar costos políticos. La estrategia de compensar con transferencias de fondos a las provincias pierde efectividad ante la perspectiva de campañas locales.
La falta de quórum en comisiones se perfila como un obstáculo adicional. El Gobierno mantiene las comisiones cerradas para contener los proyectos de la oposición, pero esta táctica también limita el avance de sus propias iniciativas. Analistas advierten que la apertura de debates comisionistas conllevaría riesgos para el oficialismo, generando un punto de conflicto fundamental en las negociaciones parlamentarias.
