El gobierno de Chile ha anunciado un proyecto de ley denominado "Entornos Digitales Seguros" que busca prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años. La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Desarrollo Social, obligaría a las plataformas digitales a implementar mecanismos de verificación de edad mediante documentos de identidad, reconocimiento facial o validación biométrica. Esta propuesta inserta al país en una discusión global que ya se abre en Australia, Francia y la Unión Europea, donde se debaten estrategias similares para proteger a los adolescentes en entornos digitales.
Según datos recientes, los adolescentes chilenos pasan aproximadamente cuatro horas diarias conectados en redes sociales. El estudio "Radiografía Digital de Niños, Niñas y Adolescentes 2024" reveló que el 72% de los menores ya tenía un celular propio a los once años, siendo WhatsApp, YouTube, TikTok e Instagram las plataformas más utilizadas. Esta realidad ha generado preocupación entre padres, educadores y autoridades respecto a los riesgos asociados: ciberacoso, grooming, viralización de contenido íntimo y dependencia tecnológica.
Sin embargo, expertos advierten que una prohibición simple podría no ser suficiente. Francisca Romo, doctora en psicología educacional de la Universidad Diego Portales, señala que "no existe evidencia concluyente de que una prohibición general mejore por sí sola la salud mental adolescente". Para los especialistas, la solución requiere un enfoque integral que combine educación digital, acompañamiento familiar, diseño seguro de plataformas y fiscalización real, no solo restricciones etarias.
El proyecto genera debate en el Congreso chileno, donde existe coincidencia sobre la necesidad de actuar pero divergencia en los mecanismos. Mientras sectores de derecha favorecen restricciones más estrictas, voces de izquierda priorizan la regulación de empresas tecnológicas y la educación digital. El desacuerdo central radica en si se debe prohibir completamente el acceso, avanzar por etapas o aumentar las obligaciones de las plataformas sin vetar su uso.
La experiencia internacional ofrece lecciones relevantes. Australia implementó una prohibición similar en 2025, pero reportó que el 34% de adolescentes sigue accediendo mediante cuentas de familiares o VPN. Por su parte, la Unión Europea optó por la Digital Services Act, enfocándose en mayores obligaciones de seguridad y protección especial para menores, sin bloquear completamente el acceso. Estos casos demuestran que la efectividad de cualquier medida depende no solo de la regulación, sino de la capacidad real del Estado para fiscalizar el cumplimiento y de la responsabilidad de las plataformas globales.
