El gobierno de Javier Milei avanza con un proyecto de reforma a la Ley de Emergencia en Discapacidad que busca eliminar protecciones estatales para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Después de intentar vetar la ley sin éxito, el ejecutivo libertario presenta esta iniciativa como parte de su política de ajuste fiscal, argumentando la necesidad de combatir fraudes en pensiones.
En respuesta, el colectivo de organizaciones de discapacidad convocó a una movilización este miércoles a las 11 de la mañana frente al Ministerio de Salud de la Nación. El reclamo busca exigir el cumplimiento efectivo de la ley y visibilizar cómo esta reforma representa un nuevo retroceso para derechos que ya han sido vulnerados sistemáticamente durante los últimos dos años.
El Foro Permanente Discapacidad, que agrupa a múltiples organizaciones del sector, denunció que la iniciativa instala "una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad" al desviarse del verdadero problema: la crisis estructural del sistema. Según su comunicado, mientras se cuestiona el acceso a derechos, el sector enfrenta atrasos en aranceles, pagos irregulares, deudas acumuladas y prestaciones en riesgo.
Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), calificó el proyecto como "un engaño" que utiliza el combate al fraude como excusa para ajustar a las personas con discapacidad. Señaló que el gobierno no presenta pruebas concretas que justifiquen la reforma y que la iniciativa afecta directamente el Nomenclador nacional, el instrumento que establece el valor de las prestaciones en todo el país.
De aprobarse la reforma, cada institución de salud tendría que negociar individualmente los aranceles con cada prepaga u obra social, fragmentando un sistema que actualmente funciona con criterios unificados. Las organizaciones advierten que esta medida profundizaría la crisis en el sector y dejaría a las personas con discapacidad sin respuestas a sus necesidades urgentes.
