La Clínica Santa María de Villa Ballester mantiene dos comunicados pegados en su puerta como única respuesta pública frente a una investigación judicial compleja. Ambos documentos, fechados el 27 de abril de 2026, permanecen expuestos sin voceros disponibles ni atención a la prensa. En el primero, la institución sostiene que la Fundación Cigesar, presidida por el doctor Damián Levy, contrató únicamente el uso de su infraestructura, mientras que la atención médica fue realizada por equipos propios de esa organización. La clínica rechaza haber realizado prácticas de obstetricia y afirma que fue inspeccionada por el Ministerio de Salud de Buenos Aires, cumpliendo con todas las normas vigentes.
El segundo comunicado, emitido por la ONG, detalla que la atención a una paciente de 13 años se realizó conforme a la Ley 27.610 con intervención de autoridades judiciales. Ambas partes advierten sobre la filtración de información a medios de comunicación, que según sus versiones, vulneró la confidencialidad e interpretaciones inexactas. Cuando se consultó a la clínica sobre los hechos, limitaron sus respuestas a ratificar lo expresado en los carteles, negando toda vinculación con el médico Levy más allá del alquiler de instalaciones.
Los vecinos de ambas zonas expresan posiciones diversas sobre el caso. Mientras algunos consideran que si las prácticas son legales no deberían generar sorpresa, otros manifiestan dudas sobre la regularidad de lo ocurrido. Ana, empleada de un comercio cercano, aseguró desconocer el caso hasta enterarse por los medios, aunque reconoce que la clínica ha tenido quejas sobre atención médica. Carlos Benítez sostuvo que es conocida la actividad de la fundación en interrupciones del embarazo y que la Justicia debe determinar si hay irregularidades. En contraste, Marta Quiroga expresó preocupación por menciones a un embarazo avanzado, pidiendo que se investiguen bien los procedimientos realizados.
La sede de la Fundación Cigesar en Caseros permanecía cerrada al momento de la visita de este medio, con persianas bajas pese a que su página web indicaba horario de atención hasta las 21 horas. Los intentos de contacto telefónico resultaron infructuosos, con líneas inhabilitadas. La investigación se originó en Santiago del Estero tras el caso de una menor de 12 años, víctima de violación, que cursaba un embarazo avanzado. Su traslado a Buenos Aires, las versiones contradictorias sobre el destino del bebé y el hallazgo de ocho fetos en bolsas de residuos en la clínica derivaron en la apertura de una causa judicial con múltiples líneas de análisis.
Durante el allanamiento del establecimiento, efectivos policiales encontraron restos biológicos en un sector destinado a desechos, dos de los cuales presentaban signos de desmembramiento. Se secuestraron anotaciones y registros que forman parte del expediente. La investigación, a cargo de un juzgado federal de Tres de Febrero y la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Malvinas Argentinas, busca determinar responsabilidades penales y reconstruir la trazabilidad de los procedimientos mediante estudios de ADN. Hasta el momento, ni la clínica ni la fundación han sido imputadas, aunque ambas sostienen haber actuado dentro del marco legal vigente.
