El Gobierno nacional está finalizando la redacción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, un proyecto que será presentado ante la Cámara de Diputados a partir del próximo lunes. Esta iniciativa busca endurecer significativamente las sanciones contra actividades ilegales en las Islas Malvinas, ampliando el alcance regulatorio para incluir no solo a empresas petroleras, sino también a operaciones de pesca ilegal y otras unidades de negocios que funcionen bajo licencias británicas sin autorización argentina.
El proyecto contempla extender los términos de la Ley 26.659, denominada "Ley Pino Solanas", e implementar castigos severos contra empresas y prestadores de servicios involucrados en la explotación de recursos en la plataforma continental. Durante un acto oficial, el presidente Javier Milei advirtió que quienes provean servicios a compañías dedicadas a la extracción ilegal de recursos argentinos serán inhabilitados para contratar tanto con el Estado nacional como con el sector privado.
La incorporación del sector pesquero en el articulado responde a demandas históricas de entidades como la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) y a planteos de sectores de la oposición. El objetivo es equiparar los criterios aplicados a la pesca con las acciones ya impulsadas contra firmas petroleras vinculadas al proyecto Sea Lion, sobre las cuales la Cancillería ha presentado denuncias contra aproximadamente 60 empresas durante 2026.
El texto final del proyecto se encuentra en su última revisión dentro de la Secretaría Legal y Técnica, conducida por María Ibarzabal Murphy bajo supervisión del asesor presidencial Santiago Caputo. El oficialismo evalúa si la presentación parlamentaria estará acompañada por los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Carlos Presti (Defensa), quienes participaron en la elaboración de la normativa y viajarán a Tierra del Fuego para avanzar en el proyecto de la Base Naval Integrada.
Desde la Casa Rosada se estima que el debate en comisiones parlamentarias comenzará entre finales de septiembre y principios de octubre de 2026, marcando un hito importante en la política de defensa de la soberanía nacional sobre los recursos de la plataforma continental.
