Desde su detención hace poco más de una semana, el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri deberá enfrentar tres procesos judicales adicionales por corrupción en los próximos meses. Actualmente alojado en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, cumple una condena firme de ocho años por delitos contra la administración pública. Con un giro irónico de los hechos, la cárcel donde permanece fue construida durante su primer mandato (2007-2011) y refaccionada al final del segundo (2011-2015).
La primera causa se centra en negociaciones incompatibles con la función pública relacionadas con la empresa Relevamientos Catastrales. Este expediente ya fue elevado a juicio y aguarda fecha de audiencia. La investigación analiza si durante la gestión de Urribarri se favoreció irregularmente a esta firma mediante licitaciones de software, addendas, prórrogas y contrataciones directas. Según la pesquisa, en todas estas operaciones se habrían pagado sobreprecios y omitido controles administrativos. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano solicitarán diez años de prisión por esta causa, acusando además que Urribarri recibía pagos directos de la empresa.
La segunda causa corresponde a un enriquecimiento ilícito denunciado en diciembre de 2015 por los abogados radicales Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, basándose en una investigación de la revista Análisis. La Fiscalía estima que el patrimonio de Urribarri creció aproximadamente USD 7 millones durante su gestión, más allá de lo que sus ingresos declarados permitirían justificar. Tras distintos vaivenes durante la última década, la investigación se cerró en 2025, y las audiencias para elevar el caso a juicio comenzaron en marzo de 2026. El proceso se retomará a mediados de octubre de 2026.
El tercer proceso investiga un presunto desfalco al Estado mediante contrataciones fraudulentas de personal temporal en la Legislatura entre 2008 y 2018, con un monto estimado de $392 millones a valores históricos. Este esquema funcionaba de manera similar al utilizado por Julio "Chocolate" Rigau en Buenos Aires: personas cobraban dinero que pasaba a un estudio contable, mientras los supuestamente contratados recibían solo una mínima parte. La causa se divide en dos fases: "Contratos I" juzga a los responsables operativos, incluyendo Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri; "Contratos II", donde está imputado el ex gobernador, investiga a los presuntos autores políticos con cargos de "peculado imprudente o doloso" cuya pena máxima es una multa.
En septiembre de 2026, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó la impugnación extraordinaria federal presentada por la defensa de Urribarri, cerrando la última puerta para frenar el comienzo del juicio por negociaciones incompatibles. El ex embajador de Alberto Fernández en Israel y Chipre ya fue notificado de los tres procesos y ha designado su abogado defensor para enfrentarlos.
