A partir del 16 de septiembre de 2026, el conflicto por el financiamiento universitario se recrudece. El Poder Ejecutivo presentó el Presupuesto 2027 ante el Congreso, asignando $7,34 billones para las transferencias a las Universidades Nacionales. Sin embargo, los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentaron una contrapropuesta solicitando cerca de $11 billones, lo que representa un aumento del 49%. Esta brecha de aproximadamente $4 billones anticipa que las negociaciones presupuestarias serán uno de los temas más conflictivos en las próximas semanas.
Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, presentará la propuesta alternativa de los rectores ante diputados y senadores, acompañado por Anselmo Torres, vicepresidente del organismo. Desde el oficialismo advierten que no cederán en su objetivo de mantener el déficit cero y que cualquier aumento en financiamiento universitario deberá compensarse con otros recortes presupuestarios.
El Gobierno condiciona las transferencias a través de una cláusula que permite al Ministerio de Capital Humano interrumpir fondos a universidades que no entreguen la información requerida por la Subsecretaría de Políticas Universitarias. El subsecretario Alejandro Álvarez sostiene que las transferencias son adecuadas y que el problema radica en la gestión de los recursos. Paralelamente, para el jueves 17 de septiembre de 2026 está prevista una manifestación frente al Palacio Pizzurno en reclamo de paritarias docentes y no docentes.
Los gremios docentes y no docentes denuncian que desde el inicio de la gestión de Javier Milei, en diciembre de 2023, los salarios universitarios perdieron un 25% de poder adquisitivo y requieren una recomposición del 33,4%. Según un informe de FEDUN y CIICTI difundido en septiembre de 2026, el financiamiento de las universidades nacionales acumula una caída real del 21,9% desde noviembre de 2023. Los sindicatos sostienen que se debe ampliar el crédito presupuestario en 1,6 billones de pesos para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario durante 2026 y casi duplicar esa cifra para 2027.
La Auditoría General de la Nación (AGN) ejercerá control externo sobre la utilización de fondos universitarios mediante auditorías autorizadas por la Comisión Bicameral Permanente Mixta Revisora de Cuentas del Congreso. Desde septiembre de 2026, se encuentran en proceso auditorías a la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de La Plata y otras 12 instituciones de educación superior, que deberán presentar sus planes para 2027 en los próximos meses.
