El jefe de Gabinete Manuel Adorni continúa enfrentando presiones desde múltiples sectores para abandonar su cargo, pero por ahora mantiene su posición mientras avanza la investigación judicial en su contra. Simultáneamente, el Gobierno ha desplegado una estrategia de negociación con las provincias para evitar que prosperen en el Congreso los pedidos de interpelación y moción de censura que buscan removerlo.
La estrategia oficial se divide en dos frentes: mientras algunos funcionarios del oficialismo reclaman públicamente que Adorni renuncie para cerrar la polémica, otros trabajan en las sombras con la oposición. El ministro del Interior Diego Santilli ha sostenido reuniones constantes con gobernadores en la Casa Rosada, buscando asegurar su respaldo. Patricia Bullrich, líder del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, ha sido clave en estas negociaciones: a pesar de ser crítica con Adorni, trabajó intensamente para evitar su remoción forzada, logrando que se suspendiera una votación crucial sobre propiedad privada que habría permitido debatir su interpelación.
Sin embargo, la estrategia gubernamental enfrenta resistencia en las provincias. Varios gobernadores, incluso aliados históricos del Gobierno, expresan su hartazgo y niegan haber recibido contactos directos de la Nación sobre este tema. Algunos exigen que el Presidente Javier Milei tome una decisión antes de que el Congreso actúe por su cuenta. Desde Balcarce 50 insisten en que solo Milei decide quién lo acompaña, rechazando cualquier presión externa.
Mientras tanto, la situación judicial se complica. La Justicia ha ordenado nuevas medidas para verificar la coartada cripto de Adorni en la investigación por enriquecimiento ilícito que tramita en el Juzgado Federal N° 4. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó un informe detallado a la Comisión Nacional de Valores sobre todas las plataformas de criptomonedas que operaron en el país desde 2012.
Adorni mantiene su compromiso de comparecer ante el Senado el 2 de julio para presentar su informe de gestión, aunque aún no ha iniciado su preparación. Su equipo argumenta que aguardan el plazo de cinco días hábiles para que los senadores envíen sus preguntas. La tensión política continúa mientras el Gobierno intenta contener la crisis mediante negociaciones en lugar de decisiones definitivas.
