El Gobierno argentino informó que expulsó a 14.000 extranjeros durante los últimos seis meses, según anunció la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva. Las personas deportadas poseían antecedentes penales, alertas rojas de Interpol, impedimentos legales o habían intentado ingresar al país sin cumplir la normativa vigente. Esta cifra representa una aceleración respecto de los datos previos: a fines de enero, la funcionaria había informado que en solo dos meses se habían expulsado, inadmitido, capturado o extraditado casi 5.000 extranjeros.
La ministra sintetizó la política oficial con una frase directa: "Argentina está abierta para quienes vienen a trabajar, a invertir, a respetar y cumplir la ley. Quienes no lo hacen, no tienen lugar". El Gobierno enmarca estas expulsiones dentro de una estrategia de "orden migratorio y seguridad nacional", reforzando los operativos en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos. El universo de los 14.000 casos incluye individuos con antecedentes penales, personas con alertas de Interpol, ciudadanos con impedimentos legales, extraditados y quienes intentaron cruzar la frontera sin respetar requisitos migratorios.
La estrategia no se limita a los controles fronterizos. Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron operativos en distintos sitios, como la feria de Villa Celina en La Matanza. Allí identificaron a 458 personas, de las cuales 369 eran extranjeras, utilizando el sistema Morpho RAPID ID para verificación biométrica rápida. El procedimiento cruzó información con bases de datos como el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, la Dirección Nacional de Migraciones y el sistema SASI, identificando 16 ciudadanos en situación irregular.
El operativo en la feria también detectó irregularidades comerciales. Dos comercios infringían la Ley de Marcas número 22.362, mientras que en otros dos se comprobó la venta de teléfonos bloqueados por el ENACOM por ser dispositivos robados. Los agentes secuestraron 70 celulares, 50 remeras, 226 pares de zapatillas y 55 pantalones de marcas falsificadas. Como resultado, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 3 de Morón ordenó la detención de cuatro ciudadanos bolivianos que quedaron a disposición de la justicia.
Las autoridades sostienen que la combinación de tecnología biométrica en operativos urbanos y el refuerzo de vigilancia en los principales puntos de acceso al país permitió alcanzar estas cifras. Monteoliva subrayó que el enfoque gubernamental es claro: "en la Argentina, el que viola la ley, debe hacerse responsable de sus actos". Esta política responde al compromiso del Gobierno actual de mantener el orden migratorio como eje central de su gestión de seguridad.
