El Gobierno cerró una nueva paritaria para los empleados de la administración pública nacional con un aumento acumulado del 6,64% para junio-agosto y un bono de $50.000 en agosto. Sin embargo, la decisión profundizó las divisiones sindicales: la UPCN aceptó el acuerdo mientras que la ATE lo rechazó argumentando que consolida la pérdida salarial del sector.
La propuesta oficial establece incrementos del 2,4% desde el 1° de junio, 2,2% desde el 1° de julio y 1,9% desde el 1° de agosto. Según datos de ATE, en el período anterior los aumentos fueron del 21% mientras la inflación alcanzó 33,2%, generando una brecha de 12,2 puntos que explica el rechazo del gremio. ATE además cuestionó la ausencia de mecanismos de recuperación y actualización automática frente a los precios.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó que la oferta "es insuficiente, perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo". El sindicato había solicitado una suma fija de $400.000 para todos los estatales, aumentos superiores a la inflación y una cláusula de actualización automática. Aguiar denunció que "el Gobierno viola la buena fe" en las negociaciones y alertó que la pérdida de poder adquisitivo durante la gestión Milei supera el 40%.
Desde el oficialismo sostienen que el esquema busca acompañar la evolución de los precios en un contexto de desaceleración inflacionaria. Con la aceptación de UPCN, el aumento quedó formalmente homologado y servirá como referencia para cientos de miles de trabajadores estatales bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06.
ATE también rechazó otras demandas no contempladas en la oferta, incluyendo la reapertura de convenios colectivos, la reactivación del FOPECAP, la derogación de la Ley 27.802 de reforma laboral y el cese de despidos en el Estado. Aguiar advirtió que la decisión oficial "acelera la conflictividad en el Estado" y aseguró que cada estatal ha perdido en promedio 12 millones de pesos en poder adquisitivo desde que asumió Milei.
