El gobierno nacional ha dado un paso significativo al aprobar la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, estableciendo un nuevo régimen de pensiones no contributivas.
La medida, oficializada mediante el Decreto 84/2026 firmado por el presidente Javier Milei, surge como respuesta a una sentencia judicial que ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793, tras declarar inválido un decreto previo que había suspendido su ejecución.
Entre los principales cambios se destacan: la incorporación de la Secretaría Nacional de Discapacidad al Ministerio de Salud, nuevos criterios para la designación de apoderados, y mecanismos de control más estrictos para el otorgamiento de las prestaciones.
La reglamentación establece condiciones específicas para el cobro del beneficio, incluyendo causales de suspensión como la incomparecencia injustificada o inconsistencias en la información declarada. Además, la Secretaría tendrá facultades para verificar en cualquier momento el cumplimiento de los requisitos originales.
Este nuevo marco legal busca garantizar una gestión más transparente y eficiente de las pensiones para personas con discapacidad, asegurando que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.

El Gobierno oficializó la Ley de Emergencia en Discapacidad: los cambios clave
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